Documento elaborado por Una ventana a la libertad
INFORME REVELA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA TORTURA POR AGENTES DE LA DGCIM
-La agudización de la conflictividad en el medio militar ha ocasionado además un mayor hacinamiento en las instalaciones de este organismo, adscrito al ministerio para la Defensa
-La breve gestión del general Christopher Figuera impactó al Sebin, cuyos agentes ya no son señalados por estas prácticas. Sin embargo, en El Helicoide continúan prevaleciendo peligrosas condiciones de insalubridad y retardos en la atención médica de casos severos
Un nuevo informe de la organización Una ventana a la libertad revela la sistematización de la tortura ejecutada por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar del ministerio para la Defensa.
El documento fue el resultado de una investigación llevada a cabo desde principios de este año por el equipo de la referida entidad, que evalúa los Derechos Humanos en los centros de detención del país.
De acuerdo con la información aportada por el director de la organizacion, Carlos Nieto Palma, se llevó a cabo un conjunto de entrevistas en profundidad con familiares y allegados de los presos de conciencia, que permanecen en centros de detención a cargo del organismo militar, e igualmente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). También fueron revisados documentos elaborados por abogados defensores, actas judiciales y solicitudes formuladas ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El propósito, explicó Nieto Palma, era actualizar la información consignada en dos informes elaborados en 2017, que evaluaban en forma individualizada la situación de Derechos Humanos de los privados de libertad en esas instalaciones.
Uno de los hallazgos fue que los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019. Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.
Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo.
Impunidad y hacinamiento
El informe describe un patrón que quedó en evidencia durante las investigaciones sobre el llamado “magnicidio frustrado”, iniciadas en agosto de 2018. Las denuncias sobre torturas, aún hechas en juicio, no conducen a investigaciones por violación a derechos fundamentales. Las lesiones correspondientes no son documentadas por equipos forenses que gocen de la independencia requerida para estos casos, tal y como lo exige el Protocolo de Estambul.
Además, las personas que formulan estas denuncias durante las audiencias en tribunales posteriormente son objeto de represalias, mediante castigos severos que implican prolongados lapsos de aislamiento, privación de visitas y de alimentación adecuada por tiempos que son determinados a discreción por los oficiales de la Dgcim.
De acuerdo con la data recopilada, las denuncias sobre torturas por agentes de la Dgcim se incrementan durante los lapsos de mayor exigencia, en virtud de la urgencia que impone la investigación de las supuestas conspiraciones denunciadas por los voceros del Poder Ejecutivo.
Uno de los efectos de esta mayor actividad represiva en el medio militar ha sido el incremento sostenido del hacinamiento en las celdas de la central de la Dgcim en la zona industrial de Boleíta Norte. En la actualidad, afirmó Nieto Palma, la población recluida allí rebasaría en 80% la capacidad física. Esto a pesar de que, a partir de enero de este año, comenzó a utilizarse un nuevo sector de celdas, construido en el segundo sótano del estacionamiento, que amplió considerablemente la capacidad para albergar a detenidos.
Anexo: Informe presentado por Una Ventana a la Libertad
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Nota de Prensa
