El aporte secreto de Colombia en la cacería de Alex Saab
El domingo a mediodía, 48 horas después del arresto en Cabo Verde del colombiano Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, el procurador de ese país finalmente se refirió al caso.
En declaraciones al RCV –retomadas por el portal local A Nação– José Landim dijo que las autoridades de su país tenían la obligación de detener Saab.
“Había una orden internacional, con circular roja en la oficina de Interpol (…), pasó y fue arrestado, como podría suceder en cualquier otro país por donde pasara”, señaló Landim.
El funcionario hace referencia a la solicitud basada en la investigación por corrupción y lavado de activos contra Saab, vinculada con la consecución de contratos para construir casas subsidiadas para el régimen.
Sin embargo, es claro que Estados Unidos quiere a Saab porque cree que es la ruta para llegar a las fortunas ilícitas de Maduro y su séquito, y para conocer movimientos de oro y acuerdos con Turquía, Irán y Rusia.
En todo caso, el procurador Landim explicó que están abiertos dos procesos de manera paralela.
“Hay un proceso de extradición, que es lo que está sucediendo en este momento”, dijo.
Y Saab, tras su arresto, deberá presentarse ante un juez para llevar a cabo la legalización de su captura para la validación de su detención con fines de extradición.
El funcionario, quien lleva 8 meses en el cargo, dijo que el país que solicitó la circular roja (en este caso Estados Unidos) tendrá que enviar la solicitud de extradición para echar a andar el proceso.
“Por ahora, solo hay una detención para extradición”, señaló Landim. Y aclaró que el país que solicitó la extradición ahora tiene 18 días para formalizarla.
Sin embargo, este período puede extenderse hasta 40 días. No obstante, en Estados Unidos están seguros de que Saab aterrizará antes de julio.
Cuando se le preguntó al Procurador bajo qué figura sería enviado Saab a Estados Unidos, si no hay tratado de extradición, dijo que se aplicará la reciprocidad.
“Cabo Verde es miembro de las Naciones Unidas, como la mayoría de los países del mundo; como tal, es parte de las convenciones de la ONU sobre diversos delitos. Me refiero al crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico”, enfatizó.
Y dijo que a través de esta ruta se incluye el acuerdo de extradición.
¿Y Venezuela?
El procurador de Cabo Vede, sin embargo, no se refirió a la queja de Venezuela en la que asegura que la detención fue arbitraria e irregular.
Según el régimen de Nicolás Maduro, Saab fue arrestado el 12 de junio, pero la circular roja es del 13 de junio.
Además, Venezuela le dio a Saab estatus diplomático al señalar que, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, se encontraba en Cabo Verde en calidad de agente del gobierno bolivariano de Venezuela, adelantando gestiones relacionadas con la obtención de alimentos, medicamentos y productos médicos para atender la pandemia.
Se trata de un mecanismo legal y, para fuentes en Caracas, humanitario para que Cabo Verde les entregue a Saab.
De hecho, se conoció extraoficialmente que Venezuela estaría acudiendo a sus aliados –Rusia, Turquía e Irán– para que el gobierno de Cabo Verde incline la balanza a su favor y les entregue a «su ciudadano» y «agente» Alex Saab.
En Estados Unidos, por el contrario, dan por descontado que regresarán con el colombiano, echando mano del acuerdo de cooperación judicial que firmaron con su gobierno en septiembre de 2019 y que cubre los delitos de narcotráfico, lavado de activos y acciones de organizaciones criminales.
“Este tipo de trámite –que no es una extradición– suele durar desde 2 hasta 15 días”, señaló una fuente federal.
Y agregó que las investigaciones sobre Saab y a su entorno continúan, para dejar en evidencia a un grupo de empresarios –incluidos varios colombianos– que le han ayudado en sus propósitos y que aparecen en organigramas federales conocidos de primera mano por El Tiempo.
Cumbre de febrero
En efecto, Colombia hizo parte de la investigación que terminó con la captura de Saab tras acorralarlo judicialmente.
Desde 2018 (finales del gobierno Santos), se empezó a recaudar evidencia a través de un grupo élite de investigadores, liderado por el ICE, la DEA, la UIAF, la Fiscalía de Colombia y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en cabeza del general Juan Carlos Buitrago.
A través de actividades de inteligencia e investigación, se identificaron las personas y empresas que hacen parte del emporio de Saab en México, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Colombia.
“En Colombia, la operación se bautizó ASAP: Alex Saab y Álvaro Pulido (su socio), y coincidía con su significado en inglés As soon as posible, debido a la urgencia de su captura luego de que se fugó de Colombia, en diciembre de 2018, cuando un agente de la Dijín filtró las órdenes de captura”, aseguró una fuente federal.
Y agregó que entre los contactos claves de Saab hay empresarios en Bogotá y de la costa norte de Colombia, dedicados a manejar el negocio de las llamadas cajas CLAP y del oro.
Algunos de ellos tienen múltiples registros de viajes a Caracas, Turquía y Emiratos Árabes.
De hecho, El Tiempo estableció que, en febrero de este año, antes de que se desatara la alerta sanitaria por la pandemia, estaba programada una reunión con fiscales de Nueva York, con miras a agilizar el proceso contra Saab por lavado de dinero a favor del régimen de Maduro.
Además, que Estados Unidos está interesado en un empresario que hace algunos meses salió a relucir en dos sonados episodios vinculados al narcotráfico.
Reporteros de este diario ubicaron al hoy general (r) Juan Carlos Buitrago, quien confirmó la información.
“Desde 2011, Alex Saab utilizó toda clase de estrategias para evadir la justicia colombiana –dijo el general–. Ahora, Estados Unidos tiene en sus manos el alfil más poderoso a través del cual se lavaba dinero para el régimen de Maduro usando los CLAP, el tráfico de oro e inversiones en el Caribe, Europa y Asia”.
Y agregó: “Ahora vienen nuevos indictments contra sus testaferros y empresas en Colombia, Panamá, México, el Caribe y Ecuador”.
Por ahora, Venezuela no se ha referido a las declaraciones del procurador de Cabo Verde.
El Nacional