ENTÉRATE Y SÚMATE| Poder público de facto. Por Antonio Urdaneta (@UrdanetaAguirre)
Hablar hoy en Venezuela de instituciones independientes y autónomas del Poder Público, aunque parezca exagerado, es una ironía. En este país se interrumpió el ejercicio libre y democrático de los ciudadanos, desde el mismo día que amaneció el siglo XXI. Todas las libertades y garantías a las que tiene derecho la gente, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habían sido incorporadas al texto de una nueva Constitución Nacional aprobada en diciembre de 1999. Teóricamente los términos en que fue redactada dicha Carta Magna, hacían de la inclusión social un apostolado. ¡Nadie debería temer en adelante de un desamparo constitucional!
Desafortunadamente, muy pronto, incluso apenas transcurrieron los primeros meses del año 2000, los copiosos títulos y capítulos constitucionales se convirtieron en un vulgar espejismo. El abundante contenido constitucional, escrito para una versión de bolsillo, fue sometido a un proceso sistemático de violaciones, las que, progresivamente fueron convirtiendo en letra muerta a nuestra Ley Suprema. Se puede afirmar que entre los años 2000 y 2004 el texto constitucional sufrió un sinnúmero de violaciones de tal magnitud que ya la cúpula del Poder Ejecutivo, apoyada por la fuerza de la pólvora castrense, disponía de facultades fácticas para interpretarlo según la conveniencia de los más altos mandos de los cuarteles.
Tres hechos de ingrata recordación marcaron ese aciago período. La masacre genocida del 11 de abril de 2002, ejecutada contra una manifestación popular en la que participó más de un millón de ciudadanos, quienes habían copado las calles de Caracas de manera pacífica, cívica y democrática, para denunciar las arbitrariedades del régimen.
Otro episodio que luego se tradujo en la ruina y destrucción de PDVSA, fue el genocidio laboral cometido por Hugo Chávez, entonces “jefe de la revolución rojita”. Este catastrófico capítulo de nuestra historia le costó a la industria petrolera venezolana, aunque parezca exagerado, la pérdida de sus mejores recursos técnicos y profesionales: más de 20.000 gerentes y empleados especializados en las áreas de explotación y comercialización del petróleo fueron destituidos violentamente. ¡El corazón de la empresa!
En el 2003, en la fecha contemplada por la Constitución, el pueblo solicitó la convocatoria de un referendo revocatorio para sustituir al Presidente de la República. Después de alterar y manipular todos los lapsos legales pertinentes, a un año de la solicitud, se realizó el referendo. A pesar de todas las maniobras del ya inhabilitado y secuestrado Consejo Nacional Electoral, Hugo Chávez fue revocado. Sin embargo, el árbitro comicial lo ratificó en el cargo, violando así el Art. 72 constitucional.
A partir de esos tres amargos momentos para los venezolanos, la Constitución perdió toda su fuerza, hasta llegar a la indefensión institucional a la que hemos arribado: el Poder Ejecutivo tiene bajo el control de las bayonetas castrenses a los otros poderes. El Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y, últimamente, la Asamblea Nacional, pasaron a ser vulgares marionetas, utilizadas por un Poder Ejecutivo secuestrado por una dictadura militar, la cual se nutre de una infernal doctrina nazicomunista.
Antonio Urdaneta Aguirre / urdaneta.antonio@gmail.com / @UrdanetaAguirre