Ante el reciente anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de que “hay avances significativos” en el exámen preliminar de febrero de 2018, sobre las acusaciones en contra de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, el diputado venezolano jubilado y presidente de la fundación El Amparo, Walter Márquez, manifestó en una nota de prensa que al contrario de lo afirmado por ella, en realidad hay negligencia grave y complicidad con el régimen, por dilaciones indebidas, por lo que solicita a los Estados parte y a la comunidad internacional que exija sea investigada, se inhiba de los casos o sea removida de su cargo.
“La fiscal es responsable de retrasos injustificados y de negligencia criminal en el inicio, la tramitación y la resolución de más de 120 causas contra Nicolás Maduro y miembros de su gobierno, con base al artículo 15 del Estatuto de Roma, desde abril de 2014 hasta la actualidad y una denuncia de seis Estados parte, en septiembre de 2018, en uso del artículo 14 del mismo Estatuto, incluyendo Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú y Canadá, en la que pidieron investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, con base a un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de mayo de 2018, elaborado por un equipo designado por el secretario General, Luis Almagro, que concluyó que había fundamentos razonables para investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad”, expresó.
Márquez manifestó que es tan pública y notoria la negligencia y la corrupción en la CPI que este 11 de junio el presidente de Estados Unidos señaló que tenía “fuertes razones” para creer que hay corrupción y mala conducta en los más altos niveles de la Oficina del Fiscal, refiriéndose a Bensouda.
Lo mismo ocurrió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que manifestó que la CPI está politizada contra Estados Unidos e Israel, pero cierra los ojos ante los peores violadores de derechos humanos en el mundo. “No mencionó el caso de Venezuela, pero indudablemente Nicolás Maduro está incluido entre uno de ellos”, indicó.
Cronología de la impunidad
Destacó Márquez que realizó una investigación llamada “cronología de la impunidad”, con la compilación de decenas de denuncias, particulares e institucionales realizadas ante la fiscalía de la CPI entre abril de 2014 y abril de 2020, sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos por Maduro y encubiertos por la Fiscal Bensouda, lo cual amerita su remoción del cargo por falta grave conforme al artículo 46 del Estatuto de Roma y la Regla 24 de Procedimiento y Prueba de la CPI.
Recordó que el anterior Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra Ad Al Hussein, pidió en junio de 2018 que se investigara los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que la Cancillería argentina hizo recientemente un planteamiento similar, al igual que el grupo de lima, el parlamento europeo y más de 200 diputados de América Latina lo hicieron anteriormente en 2014.
Indicó que Luisa Ortega Díaz formalizó denuncias por ejecuciones extrajudiciales, Tamara Sujú por torturas, William Cárdenas Rubio por exterminio, entre otros el Grupo de Lima también solicitó investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, al igual que en 2017 más de 190 senadores de Chile y Colombia liderados por Iván Duque, actual presidente de ese país, las cuáles a pesar de las contundentes pruebas no han obtenido respuestas de la fiscal Bensouda.
Falta y negligencia grave
Ante la falta y negligencia grave por parte de la fiscal Bensouda, Márquez recordó que realizó una denuncia ante la presidencia de la CPI y recientemente ante la presidencia de la mesa de los Estados parte, por la complicidad con Maduro, y la negligencia grave en la tramitación de las denuncias por las deportaciones forzosas en la frontera colombo-venezolana en el año 2015, donde el exprocurador General de Colombia y actual embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordoñez, también pidió investigar a Maduro por esos crímenes de lesa humanidad”, afirmó.
“Es inocultable que ella tiene un compromiso de paralizar o retrasar las investigaciones contra el régimen venezolano, a través de la embajadora de Venezuela en La Haya, Haifa el Aissami, por lo que las víctimas de crímenes de lesa humanidad y la comunidad nacional e internacional debe exigir que se inhiba de seguir conociendo esas causas o sea removida del cargo por su responsabilidad disciplinaria y corrupción procesal”, destacó.
El Nacional