ANC lleva tres años sin discutir una letra de la nueva Constitución

El 30 de julio de 2017 fue elegida la asamblea constituyente, tras el inconstitucional método de convocatoria y unas aún más cuestionadas elecciones. El 4 de agosto de ese año, este órgano se instaló en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, espacio que comparten con la Asamblea Nacional. Su objetivo: reformar la Constitución de 1999.

Desde su instalación, la ANC se ha denominado a sí misma como un poder supraconstitucional (algo que no menciona la Constitución actual), y bajo esta premisa han socavado las funciones de otros poderes, en particular del poder Legislativo a manos de la oposición.

La ANC controlada por Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha dictado al menos 12 leyes y 60 decretos ‘constitucionales’, según ha contabilizado Cotejo.Info, pero ninguno de ellos ha estado orientado a la redacción de una nueva Constitución o la reforma del texto vigente.

Desde 2018, los voceros de la constituyente han mantenido silencio sobre la redacción del proyecto constitucional, que hasta ese año tenía un avance de 90%. Según las últimas informaciones dadas por Hermann Escarrá, presidente de la comisión constitucional, tan solo seis comisiones faltaban por entregar sus propuestas, que luego son revisadas por el equipo de la comisión e incorporadas.

Para ese entonces, la comisión tenía adelantando tres capítulos de la nueva Carta Magna pero no existía un nuevo texto completo, como circuló en Panorama ese año. Como dijo Escarrá, ese “proyecto” era en realidad una propuesta particular que circuló por los medios y se confundió con el trabajo formal de la ANC.

En una entrevista con Óscar Schemel, también en 2018, el abogado dio algunos datos sobre las reformas que realizará la ANC, como modificar el artículo 115 de la Constitución que garantiza el derecho de propiedad.

Además reiteró su propuesta de crear una “cámara de comunas” que esté por encima de la Asamblea Nacional. “De lo que se trata es de preservar una representación muy social de parte de las comunas y que demos una estructura más democrática y participativa”.

El abogado también reiteró que habían habido discusiones sobre elevar la pena por el delito de traición a la patria, limitar inmunidad parlamentaria, extender el periodo presidencial a siete años y crear un tribunal de garantías constitucionales que sea independiente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sustituya a la Sala Constitucional.

Otro de los temas que se han manejado es la reorganización de la Fuerza Armada Nacional, e incorporar a la milicia como uno de sus componentes “con base a la doctrina de la unidad cívico-militar como base de la defensa nacional”, ha dicho Escarrá.

TalCual se intentó comunicar con los miembros de la comisión constitucional de la ANC para conocer los avances en la redacción de la nueva Constitución, pero no estuvieron disponibles para preguntas. Otros “constituyentes” declinaron ofrecer declaraciones pues desconocen sobre el tema.

Lo que ha hecho la constituyente

Una de las primeras acciones que realizó la asamblea constituyente a solo seis días de su elección fue destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz de su cargo, tras acusarla de supuesta corrupción, y nombrar a Tarek William Saab como su sustituto. Ese año también se concretaron las designaciones de un nuevo Contralor General y un Defensor del Pueblo vía ANC.

En paralelo, la constituyente empezó a asumir las funciones que la Constitución dicta de forma exclusiva a la Asamblea Nacional, como lo es conocer sobre la cualidad de sus integrantes. La ANC inició con Germán Ferrer, diputado disidente del oficialismo y esposo de Ortega Díaz, una serie de allanamientos que hasta ahora le han robado la inmunidad parlamentaria a más de 25 parlamentarios, la mayoría bajo el supuesto delito de traición a la patria.

También la ANC se ha asumido la potestad de convocar, aludiendo a la supuesta supraconstitucionalidad, a diversos procesos electorales como la elección de gobernadores en 2017, alcaldes y concejales en 2018, al igual que un fallido comicio presidencial que -justamente por el origen de su convocatoria- no fue reconocido por más de 50 países.

La creación de leyes y decretos ‘constitucionales’ ha sido otro de los puntos de avance de este órgano. La mayoría de estos instrumentos se ha usado con fines políticos y a favor del oficialismo, como la denominada “ley contra el odio”, que ha sido usada contra dirigentes y población en general por expresar opiniones bajo cualquier escenario.

Son los responsables además de la “ley de abastecimiento y precios acordados”, que permitió al gobierno de Nicolás Maduro imponer los costos y precios de una serie de productos “priorizados”, en detrimento de la producción nacional y la empresa privada. También derogaron la Ley de Ilícitos Cambiarios (otra potestad de la Asamblea Nacional), y que permitió el intercambio y circulación de divisas ante un esquema hiperinflacionario que pulverizó el valor de la moneda nacional.

Las leyes de presupuesto, al igual que las Memorias y Cuentas tanto presidenciales como de cada Ministerio, han pasado por las manos de la ANC y no del parlamento venezolano, lo que ha contribuido a la opacidad fiscal.

La constituyente también ha funcionado para poner en marcha proyectos como la creación del petro, un criptoactivo creado para el intercambio de bienes y servicios en el país, y que fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.

Tal Cual