El gobierno es como los magos, hace creer que la solución electoral está en una mano y resulta que aparece en la otra, la izquierda. El movimiento es tan complicado que ni los entendidos perciben la trampa, y si la notan no la denuncian. Quienes hemos visto los trucos aplicados en los comicios del chavismo nos es difícil identificar la ilusión, hasta que termina la elección.
En 2010, la oposición fue a elecciones de miembros de la Asamblea Nacional con un acuerdo político que consistió en postular los mismos candidatos, principales y suplentes. Eso se llama alianza perfecta, y suma los votos de las distintas tarjetas a los candidatos comunes. El sistema impuesto por el chavismo en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) de 2009, cuando dominaba el parlamento, premia con más diputados a quien obtenga la mayoría. El resultado fue favorable al PSUV y obtuvo un número mayor de los que le correspondía. Si la adjudicación de escaños fuera justa cada organización política obtendría igual cantidad de representantes con la misma suma de sufragios que las demás. Todo este invento lo denominan sistema electoral paralelo, y dicen que es el que existe en la Lopre, lo cual, para variar, es falso.
Se cambió la estrategia opositora en 2015, se postularon a los candidatos por una sola tarjeta, el llamado partido de la MUD. Ese mismo que fue denunciado por supuesto fraude en el revocatorio contra Nicolás, y al que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la recolección de firmas que permitiera la renovación de la nómina de sus afiliados (Sentencia de la Sala Constitucional N° 53, 25/01/2018). La necesidad de un solo frente al chavismo mantuvo unidos a los partidos y lograron la victoria, escamoteada luego por el TSJ con el argumento del desacato.
La anterior sentencia es otro episodio de la estrategia que impide que la oposición vaya unida en un frente común contra el chavismo. La intervención de los partidos es parte de esa ficción de democracia que nos presentan, sin embargo, no son independientes ni están dirigidos por sus muy conocidos presidentes o secretarios generales. Una AD sin Henry Ramos, Primero Justicia sin Julio Borges o Copei sin Roberto Enríquez son cascarones sin sustancia. El truco de magia sigue avanzando.
Los rectores impuestos por el TSJ en el Consejo Nacional Electoral se ufanan de dar las mayores garantías nunca otorgadas en elecciones en Venezuela. No son necesarias las anteriores trampas a las que estaba acostumbrado el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera es porque los partidos políticos intervenidos van a escoger a los acólitos del chavismo, no es necesario. Los pocos que lleguen a diputados con la etiqueta de oposición no harán nada, no serán mayoría, tendrán unas curules que les permitirán figurar y cobrar quince y último.
La unidad ha sido y es el norte de la oposición auténtica. Si los designados por el TSJ quisieran ser una verdadera alternativa tendrían que unirse y postular en una alianza perfecta a todos los candidatos, pero eso se lo tiene prohibido el régimen, a riesgo de ir presos al igual que otros dirigentes de opositores. A los nuevos diputados los detendrá la dictadura al menor desliz, ya que al chavismo no le ha importado un comino la inmunidad parlamentaria que adquirieron los anteriores legisladores con su proclamación, y no tiene que ser diferente en las próximas amañadas elecciones. A todo evento tienen al TSJ que dicta sentencias inconstitucionales e ignoran ese privilegio. Esta garantía no le sirvió a Juan Requesens ni a Renzo Prieto, encarcelados por este gobierno. Nada impidió que apresaran a Édgar Zambrano o a Gilber Caro. No olvidemos al concejal Fernando Albán, quien murió en manos de sus captores.
El problema no es de narrativa política, es de libertad de los partidos, quienes buscan por la vía electoral las soluciones de nuestro país. La intervención de las organizaciones con fines políticos ha desmembrado su dirección y organización, siendo estos una familia, sus miembros se conocen, aceptan la preeminencia de unos dirigentes sobre otros, hay relaciones de confianza de muchos años. El TSJ les dice que deben hacerle caso al fulano que ellos imponen, y destruyen a la competencia desde adentro, inoculando el veneno de la división.
La reciente normativa especial hace referencia a una Lista Nacional con 48 diputados que permitirá que ingresen al parlamento otros 10 partidos, aunque la representación proporcional de las minorías no es esto que redactaron. El truco es que las organizaciones con fines políticos de la supuesta oposición, cada uno yendo por separado, no podrán acumular los suficientes sufragios que permitan la repartición proporcional que refleje un equilibrio entre votos y escaños. La adjudicación de curules por el método de D’Hont les da preeminencia a las organizaciones mayoritarias en desmedro de las que obtengan menos votos (Artículo 20 Lopre). El PSUV, con el 20% de los votos obtendrá más representantes que los distintos partidos que dicen ser de oposición.
El registro electoral no refleja la población votante, ni tiene relación con el crecimiento estimado en el Censo de 2011. Las circunscripciones son las mismas que se manipularon en 2015, por ejemplo, en Miranda -en las zonas de oposición- se necesita que voten más electores por cada representante. Si a ver vamos, por el índice que está aplicando el CNE, le correspondería un diputado al estado Amazonas y 30 al Zulia.
No importa lo que digan, alguien está moviendo los hilos en las elecciones convocadas para diciembre, hay gato encerrado, y no está saliendo del sombrero.
Jesús Rangel Rachadell / @rangelrachadell