Diputados británicos aprueban controvertida modificación del acuerdo de Brexit
Los diputados británicos aprobaron el martes el controvertido proyecto de ley de Boris Johnson que revoca disposiciones del acuerdo de Brexit, en una asumida violación del derecho internacional que enfurece a Bruselas y amenaza la negociación comercial posbrexit en un momento crítico.
Tras abandonar la Unión Europea el 31 de enero, el Reino Unido está en un periodo de transición hasta finales de año durante el cual negocia un acuerdo de libre comercio con Bruselas que rija sus futuras relaciones.
Para evitar una ruptura brutal de catastróficas consecuencias económicas, dicho acuerdo debería cerrarse en octubre, dejando tiempo a su ratificación.
La novena ronda de negociaciones comenzó el martes en Bruselas, pero las anteriores fueron infructíferas y la tensión creció desde que Johnson dijo estar dispuesto a incumplir el Acuerdo de Retirada, un tratado internacional legalmente vinculante en vigor desde hace meses.
La idea provocó una rebelión inicial en las filas de su Partido Conservador, pero finalmente los diputados aprobaron este martes el controvertido «proyecto de ley del mercado interno» por 340 votos contra 256.
El texto pasará a ahora a la cámara alta, donde no debería sufrir grandes contratiempos.
La paz en Irlanda
Aprovechando una armonización posbrexit del comercio entre las cuatro naciones del Reino Unido, este texto modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte, previstos por el Acuerdo de Retirada.
Este incluye un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda y preservar la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas republicanos.
Las autoridades europeas denunciaron los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad y le llamaron a retirarlos antes del miércoles so pena de acciones legales.
Pero el primer ministro se defendió afirmando que si Londres y Bruselas no alcanzan un acuerdo comercial, dicho dispositivo permitiría a la UE «imponer fronteras aduaneras» dentro de su país.
Incluso el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Mick Mulvaney, dijo recientemente que esto podría poner «en peligro» el Acuerdo del Viernes Santo.
«Cuando hasta la administración Trump» sale en defensa del derecho internacional «sabes que tienes un problema», lanzó el opositor laborista Ed Miliband.
Difícil negociación contrarreloj
Algunos conservadores como la ex primera ministra Theresa May se opusieron al texto, afirmando que el gobierno estaba «actuando de forma imprudente e irresponsable, sin pensar en el impacto a largo plazo» y el «daño incalculable a la reputación del Reino Unido».
Pero Johnson logró impedir la rebelión interna aceptando dar a los diputados la última palabra a la hora de aplicar dichos cambios.
Esto sin embargo no debería bastar para calmar la ira de sus exsocios europeos, para quienes no respetar lo firmado rompe la «confianza» necesaria en la compleja y estancada negociación comercial.
Los líderes de la UE tienen en agenda una cumbre el 16 de octubre en que deberían discutir si aún vale la pena invertir tiempo y energías en un acuerdo comercial con Londres.
Pero más allá de la controversia por la «ley de mercado interno», negociadores europeos y británicos tienen complicados asuntos pendientes y poco tiempo para resolverlos.
Si no llegan a un entendimiento, a partir del 1 de enero las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se realizarían según las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que impondrían cuotas y aranceles y crearían el caos en los puertos británicos.
En el ámbito empresarial, los negociadores deben acordar criterios sobre ayudas estatales y subsidios, ante el temor de la UE de encontrar un poderoso competidor desleal a sus puertas.
También resolver la exigencia europea de que sus pesqueros puedan seguir faenando en las ricas aguas británicas, a lo que Londres se opone.
AFP