Fiscalía de Madrid pide que se investigue a Podemos

La Fiscalía Provincial de Madrid ha dirigido un escrito al titular del juzgado de instrucción número 42, Juan José Escalonilla, en el que pide que la causa por malversación abierta sobre Podemos se restrinja exclusivamente al contrato que la formación suscribió con la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril, pues al igual que los fiscales del Tribunal de Cuentas, aprecia indicios racionales de delito.

En el primer escrito que emite la Fiscalía en este procedimiento, incoado a partir de una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, el Ministerio Público explica que no ve indicios en el resto de hechos denunciados, como los sobresueldos, que pueden ser «discutibles» desde el punto de vista ético o de transparencia, pero «no revisten caracteres de delito» y en algunos casos, responden a «rumores, sospechas o suspicacias».

Pero cuando se trata de Neurona, la consultora a la que Unidas Podemos pagó 363.000 euros para las generales del año pasado que después intentó cargar a la financiación pública como gasto electoral, es otro el punto de vista. La Fiscalía aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo» y rechaza que esta investigación, como alegaba Podemos, tenga carácter «prospectivo».

«Existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ‘ad hoc’ para la prestación del servicio», dice el escrito, notificado este martes.

Del mismo modo explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores».

Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan «gastos de personal, medios materiales o locales» propios de una actividad empresarial .

Tal y como informó ABC, esta sociedad fue constituida en marzo de 2019 con sede social en el despacho de un abogado de Sevilla, Elías Castejón, que ha sido llamado como investigado al procedimiento. Calvente denunció que se trataba de una tapadera y aportó como prueba un borrador del contrato de 363.000 euros que la coalición electoral firmaría para las elecciones y que estaba fechado antes de que Neurona existiese como mercantil.

Además, no tiene administrador desde principios de este año, pues Castejón renunció sin que se haya nombrado sucesor, en una situación completamente anómala estando la sociedad aún en activo y que contraviene la normativa de sociedades de capital. El juez está investigando si la empresa era real y ha empezado por averiguar si llegó a tener algún empleado.

Por contra, Fiscalía no ve indicios suficientes en otro de los contratos de consultoría denunciados por Calvente, el suscrito con ABD y en el que según el abogado, habrían intervenido como comisionistas el responsable de las dos últimas campañas, Juan Manuel Del Olmo, y el diputado Rafael Mayoral. Entiende que se trata de «rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante» y critica que el juez haya acordado diligencias para esclarecer este asunto, pues «es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».

No ve delito en los sobresueldos
En la misma línea se pronuncia sobre los supuestos sobresueldos en la formación que denunciaba el exabogado y que se habrían producido con la aplicación de complementos salariales inexistentes y la justificación de falsos gastos laborales, como de desplazamiento.

La Fiscalía recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales y en 2019, el límite estaba en 2.850 euros para los empleados sin persona a su cargo. Ninguna de las nóminas aportadas por Calvente rebasa este umbral. «No podemos deducir que hayan cobrado más de lo que les corresponde», concluye.

Dice que, en todo caso, superar esa barrera sería «discutible» desde el punto de vista interno, pero «no constituye hecho típico alguno». «Más aun, ni siquiera aparece como acreditado este hecho a la vista de las nóminas aportadas y la normativa interna», añade.

Sin indicios de adjudicación «a dedo»
Otro de los asuntos más espinosos de la denuncia es la presunta adjudicación «a dedo» de la reforma de la sede de Podemos en Madrid, que se saldó con un importante sobreprecio respecto del fijado en el proceso de contratación pública. Las obras, además, se iniciaron antes de que terminase el concurso.

Para la Fiscalía de Madrid, de la infracción aportada resulta que Podemos incumplió sus propias normas internas de licitación «con estándares de control muy superiores a la propia Ley de Contratos» pero dicha circunstancia no reviste carácter delictivo. Apunta que otra cuestión es la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros y el de licitación era de 649.936,68 euros, pero no cuenta con elementos para valorar la naturaleza delictiva de esta modificación al alza, más allá de la declaración de Calvente, quien refirió que se infravaloró el contrato «para adjudicarlo a quien querían».

«Ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera el de 1.361.055 euros, sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo», dice el escrito de la Fiscalía, que incide además, en que Calvente no aporta referencias sobre la existencia de vínculos personales o patrimoniales injustificados que determinaran esa adjudicación discrecional que denuncia.

La caja de solidaridad
En relación a la adjudicación de fondos a #404, que de acuerdo a la información de Calvente, había solicitado 50.000 euros de la caja de solidaridad de Podemos en una maniobra tras la que podría estar el diputado Rafael Mayoral, la Fiscalía afirma que no hay ningún indicio de que el alto cargo del partido se hubiese apropiado del dinero «por más que se acompañen [los indicios] de relaciones y rumores obtenidos a través de internet».

En su escrito, responde a la batería de alegaciones que había presentado la defensa de Podemos contra el auto del juez que acordaba estas y otras diligencias, pasando por la imputación de su gerente, su tesorero y el propio Del Olmo.

Uno de los principales argumentos del partido es que Calvente habría obtenido la batería de documentos que aportó para apoyar su denuncia de forma ilícita vulnerando su «deber de sigilo», dado que era abogado de Podemos. La Fiscalía rechaza este extremo porque entiende que la relación laboral con Podemos «no ampara el secreto profesional en lo que se refiere a aportación de documentación relativa a cuestiones internas del partido».

ABC