El decreto 7.700, firmado por Hugo Chávez, no sólo se centró en la expropiación de Agroisleña, sino en sus empresas asociadas Proyefa, Insecticida Internacional, Venezolana de Riego, Semillas Híbridas de Venezuela, así como filiales, sucursales, agencias, puestos de recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución, comercialización, industrialización y de inmuebles y muebles.
En ese momento, primeros días de octubre, Agroisleña estaba acompañando a 3000 productores que cosechaban 800 mil toneladas de maíz, arroz, sorgo y otros rubros.
Atendía más de 18 mil productores a través de 82 puntos y tenía 8 silos en todo el territorio nacional.
Devastador
Con esta palabra definió el especialista agropecuario, ingeniero Rodrigo Agudo, el decreto en cuestión que de un solo plumazo cercenó a la primera empresa de productos, financiamiento y asesoría que funcionaba en Venezuela, desde que en 1958, fundara el canario Enrique Fraga Afonso y era dirigida por uno de sus hijos, Luis Enrique Fraga.
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Nada valió que la empresa estuviera asociada a la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio(Cavespa), ni las gestiones del gobierno hispano, ni de Canarias, porque el régimen decidió que sería sustituida por Agropatria.
Esa empresa, indica Agudo, apoyaba fundamentalmente al pequeño y mediano productor, a quienes no solamente la proporcionaba las semillas, sino también la maquinaria y la asesoría.
Su expropiación formó parte del proceso iniciado por el régimen en 2005, expuso, cuando las ansias de poder llevaron a Chávez a centralizar todas las actividades en el Estado. Claro está, su objetivo era imponer la autocracia.
Agropatria fracasa por un problema estructural, explica. Quienes forman el grupo que administra la empresa son parte de la ideologización, no garantizan nada porque son ignorantes de las funciones que les asignan y son proclives a la corrupción por las oportunidades que tienen. Se presenta la quiebra y después de inyectarles cuatro veces los recursos para su capitalización, el fracaso se repite.
Involución
Recuerdo perfectamente cuando el 3 de octubre del 2010, en su programa radiotelevisivo, Chávez anunció la expropiación de Agroisleña y al día siguiente, en Araure, inaugurando un liceo, ratificó su decisión, refirió Maximiliano Pérez, fundador de la Federación de Caficultores de Venezuela. No le importó nada que 2.500 trabajadores le pidieran que reconsiderara la medida.
Tampoco que los campesinos dejaran de tener la única empresa que no sólo les proporcionaba insumos, sino asistencia técnica, ya que los técnicos iban al campo y orientaban a los agricultores acerca de las siembras que iban a realizar. Agroisleña les proporcionaba la maquinaria, los abonos, los fertilizantes y les daba créditos. Todo eso se acabó y lo que se hizo fue una involución, porque los hombres y mujeres del campo quedaron en una situación desventajosa.
Hoy están perdiendo lo poco que han sembrado porque no hay gasolina, que permita sacar los frutos a los centros de distribución y comercialización.
Desastre
Para el productor agrícola Argenis Manzi, del valle de Quíbor, la expropiación fue un desastre para la agricultura nacional, ya que Agroisleña durante más de medio siglo se había convertido en la empresa privada que más había contribuido al desarrollo de las actividades agropecuarias.
En algunos sectores, el anuncio hecho por el régimen de que los precios de los productos y servicios disminuirían con la nueva empresa, Agropatria, causó gran expectativa, porque se pensaba que así sería.
Pero, tan pronto comenzaron a verse que no había semillas de calidad, escaseaban los fertilizantes y yerbicidas, así como escaseó la asistencia técnica y financiera, todo fue un desastre.
“Ya vemos cómo se encuentra la agricultura, en un estado deplorable, debido no sólo a que no hay semillas, ni los insumos y lo que se consigue tiene que ser pagado en dólares, sino que la falta de combustibles ha terminado de arruinar a los productores, pues, se pierden las cosechas, ya que no hay modo de sacar la producción”.
Agropatria se convirtió en un organismo más para la corrupción y es lamentable que después de tener por más de medio siglo una empresa eficiente, que apoyaba a los campesinos, hoy los niveles de producción hayan descendido a los niveles más bajos y no exista la posibilidad de mejorar la situación porque no existe una política agropecuaria, que responda a las necesidades de la nación.
El Impulso