Julio Montoya solicitó al Parlamento investigar los casos de corrupción revelados por la FinCEN

El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, solicitó la semana pasada al Parlamento investigar los casos de corrupción revelados por la FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros en EEUU), que son casos investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.

El parlamentario advirtió que estas «actividades sospechosas» están reflejadas en más de 2.000 reportes secretos; que fueron enviados a la citada Unidad de Inteligencia Financiera por las entidades bancarias que están en EEUU y tienen sede en otros países.

«Son más de dos mil documentos que logró encontrar originalmente BuzzFeed news, que fue la empresa que posteriormente se puso de acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), los cuales llevaron adelante una operación de periodismo de investigación que ya ha sido publicada y corroborada, y los afectados, tanto el Departamento del Tesoro como la red de control de delitos financieros no lo han podido negar», precisó Montoya en una entrevista concedida a Caraota Digital.

«La veracidad de los documentos está más que corroborada y más que legitimada; tanto por el consorcio internacional de periodistas como los organismos públicos afectados en los EE.UU”, agregó.

Asimismo, destacó que todos los documentos son reportes oficiales de las instituciones financieras, «respaldados por los diferentes bancos o agencias financieras; que reportan estas actividades particulares».

Para Montoya estos documentos «ayudan a terminar de armar el rompecabezas» de muchas investigaciones que han hecho desde el Parlamento.

Investigación a Odebrecht

Puso como ejemplo la investigación a Odebrecht, la cual pudo ser corroborada con la aparición de estas transacciones que demostraron «el esquema de financiamiento y a quien se le dio este financiamiento, por el Meinl Bank en Antigua», que según el diputado compró la constructora brasileña para pagar los sobornos a los distintos países de la región, entre ellos Venezuela.

«Gracias a estos documentos, se puede corroborar también todo el manejo financiero y la triangulación del dinero, que hizo Luis Delgado para entregar comisiones al ministro Haiman El Troudi y a parte de su grupo familiar”, denunció el diputado.

Luis Delgado Contreras fue señalado en un reportaje del portal de periodismo de investigación Armando.info, en 2019, donde se le señala por ser intermediario de Odebrecht y sus negocios en Venezuela, según recogen documentos recopilados por el ICIJ.

«También allí se puede identificar como Luis Enrique Delgado Contreras recibió millones de dólares para pagar las comisiones de la Odebrecht en Venezuela. Sabíamos que la Odebrecht pagaba comisiones en Venezuela, pero la gran investigación Lava Jato en Brasil permitió, a través de testimonios de los gerentes y pagadores, poder determinar nombre», explicó el parlamentario.

No obstante, señaló que en dichas investigaciones, adelantadas en Brasil, no se revelaba cómo recibían el pago, algo que aclararon estos documentos.

Otros casos

Montoya destacó que estos documentos vinculan a Roberto Rincón Icheira, detenido en EEUU por el caso Bariven, al corroborar «más de 134 transacciones, que por cierto ayudan a la investigación de otros casos que llevamos», indicó.

«También se registraron más de 136 transacciones identificadas en Suiza, en la cual se dice que la empresa KCT Cumaná Internacional III de Blas Herrera, que ya estamos investigando; que las empresas Derwick Associates, de Alejandro Betancourt López Y Pedro Trebbau López, Francisco Convit López y otros. Allí se expresan con claridad operaciones que se hicieron por estos bancos», aseveró.

En este sentido, aseguró que dichos documentos les permiten armar unos casos y avanzar en otros que ya estaban siendo investigados por la Comisión de Contraloría del Parlamento.

Falta de acompañamiento de los organismos de investigación en Venezuela

Por otra parte, Montoya manifestó que terminar la investigación de los casos en Venezuela es complicado por «la falta de acompañamiento de los organismos de investigación en Venezuela y por supuesto la no colaboración de las instituciones públicas».

Por esta razón, puntualizó que la corrupción deben «irla a buscar en las autopistas del manejo financiero».

“Si estamos hablando que en Venezuela hay más de 400 mil millones involucrados en hechos de corrupción, ese dinero tiene que aparecer en algún lado por los volúmenes. Es por eso que cuando se revienta el caso del Banco de Andorra 4.200 millones de dólares en cuatro funcionarios, aparecen venezolanos. Por eso en los ‘Panamá Papers’ aparecen venezolanos, con las intervenciones de la banca suiza aparecen venezolanos, en los hallazgos de los FinCEN aparecen venezolanos. Evidentemente esto nos permite todos los días ir como armando los casos”, argumentó.

Herramientas disponibles para luchar con la corrupción

Ante la situación de la justicia interna en Venezuela, prácticamente secuestrada por régimen madurista, el diputado afirmó que seguirán utilizando la justicia internacional para atacar estos notorios casos de corrupción.

“Es obvio que vamos a seguir utilizando las herramientas que nos han permitido, por ejemplo, solicitar la extradición de los exviceministros eléctricos, de España a Estados Unidos. La misma situación que le paso a Roberto Rincón Icheira en el caso Bariven en Houston; lo mismo que se aplicó con Matías Krull en Panamá en el caso de Alejandro Andrade. Es decir, utilizar mecanismos legales en Estados Unidos, bajo los criterios de delitos de lavado de dinero y financiamiento a la corrupción, entre otros”, detalló.

Krull fue sentenciado a 10 años en 2018 por lavado de dinero proveniente de Pdvsa, según un tribunal federal de Miami. Por su parte Alejandro «el tuerto» Andrade, otrora edecán y posterior tesorero nacional del fallecido Hugo Chávez, también fue sentenciado a 10 años de prisión, luego de declararse culpable de lavar «al menos» 1.000 millones de dólares.

Montoya indicó que «apenas restablezcan los vuelos a Curazao, Panamá, entre otros»,  viajaría personalmente a esos países para «solicitar demandas penales y búsqueda de Interpol de los dueños y gerentes de los bancos intervenidos o quebrados del grupo BOD; como son el All Bank en Panamá, el Orinoco en en Curazao, el Boi en Antigua y el Bank America en República Dominicana”

«Siempre acudiremos a instancias internacionales que han colaborado y han ayudado mucho en este modelo de investigación. En este caso son demasiado los nombres y como se vinculan con bancos que tienen sede en los Estados Unidos, apelamos al criterio de lavado de dinero producto de la corrupción y eso nos permite, a través de fiscales federales y tribunales federales, sobre todo los del distrito de Nueva York por ser delitos financieros, poder utilizar los instrumentos que tiene el estado norteamericano para llegar a estos tipos», dijo para concluir.

Caraota Digital