Saludos desde Anchuria. Por Jesús Rangel Rachadell (@rangelrachadell)
Anchuria es el supuesto Estado en el que se desarrollan los cuentos de O. Henry, publicados en el libro Coles y Reyes. En este se delinea, por primera vez, una república bananera que, sin tener marina de guerra, designa un almirante al que no puede pagarle el sueldo, tampoco su tripulación, ni disponer gastos para la armada constituida por una única embarcación. En definitiva, “un país inestable, empobrecido, atrasado, tercermundista y corrupto, cuya economía depende de un solo producto, gobernado por un dictador legitimado de manera fraudulenta”, sometido a la hegemonía de una empresa (Cuba, Rusia, China o Irán), mediante sobornos o el ejercicio del poder militar. Como expone el Diccionario de la lengua española: Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas. Salimos retratados.
Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, recientemente dijo “Nos vamos a convertir en Venezuela”, y acusó a varios gobiernos de intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos a favor del candidato de oposición Joe Biden. Sea cierta o no la denuncia de intervención en esos comicios, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano para ser ejemplo de una república bananera?
Giuliani dijo que no pueden permitir que estos delincuentes (se refiere a los Demócratas) le roben una elección al pueblo estadounidense. Supongo que compara a la oposición con el Consejo Nacional Electoral, de quien Antonio Mugica, director ejecutivo de Smarmatic, estimó que “la diferencia entre la cantidad anunciada (por el CNE en la Constituyente de 2017) y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”. Sospecho que se quedaron cortos en la anterior cifra. Es decir, el CNE infló los resultados y la empresa mencionada denunció la manipulación de los números. No me extraña que en el fraudulento proceso electoral programado para el 6 de diciembre declaren la mayor participación de la historia en un proceso exitoso, gracias a los partidos previamente intervenidos por el poder judicial. Anunciarán millones y más millones de votos.
No me imagino cómo lograron piratear las máquinas y cambiar las papeletas que favorecen a Trump por las de Joe Biden. En todo caso, sustituir los resultados finales o las boletas involucra demasiadas alteraciones cuando en algunos estados son numeradas, presentan marcas de agua y las imprentas que las producen son vigiladas; llenarlas con el otro candidato; sellarlas; ponerlas en los buzones y desaparecer las originales. No es que no lo puedan urdir, es que implica la participación de varios cientos de personas a las que hay que pagar. Vista la certificación del Estado de Georgia Biden ganó por 12.670 votos; y si confiamos en los números no oficiales, ya que faltan otras certificaciones, en Arizona la diferencia fue de 10.457 votos; en Michigan 155.629; en Pensilvania 82.813. Los votos sustituidos en la cara de los republicanos debieron ser considerables, siendo difícil que no se hayan dado cuenta de tamaña irregularidad. Solo eso justifica que aleguen que en Georgia el recuento no es necesario porque “están contando los mismos votos fraudulentos una vez más”. Los poncharon parados.
Otro argumento es que robaron los votos gracias a la tecnología desarrollada en Venezuela. Tal vez el software “diseñado expresamente para ese propósito” se creó en nuestro país, sin embargo, no se ha mostrado el código del programa ni cómo se implantó. Somos unos genios y no lo sabíamos. Tengo mis dudas de que sea cierto ya que, en las elecciones de Nicolás y Capriles en 2013, se imprimía primero el Acta de Escrutinio, y luego se transmitían los datos de la máquina de votación al CNE, así que la alteración de los resultados no pudo ocurrir si los testigos tenían copia del acta. La trampa está donde siempre, en la mesa electoral en la que no hay nadie de la oposición, allí ocurre la usurpación de identidad por personas que votan más de una vez por los electores que no fueron ese día. Aderezado con una ristra de irregularidades previas al día de la elección.
En Estados Unidos no existe el voto electrónico ni las máquinas electorales están conectadas a Internet en el momento de la votación, por lo que el fraude no puede hacerse en el mismo instante. En algunos estados el aparato es un lector de boletas marcadas a mano por el votante, por lo que queda la constancia.
Tampoco en EE.UU. tienen un poder judicial como el nuestro, complaciente con el régimen, que promueve el incumplimiento de la Constitución, el cambio de la ley que contempla el sistema electoral y sustituye a las directivas de los partidos políticos con dirigentes escogidos por el gobierno. En el país del norte respetan el llamado “principio Purcell”, doctrina derivada de un caso de 2006 en el que la Corte Suprema de EE.UU. sugirió que los jueces federales no deberían alterar las reglas cerca de una elección, para no desorientar a los votantes y confundir las normas establecidas por funcionarios electorales estatales. En Venezuela se altera la legislación seis meses antes de los sufragios, lo cual es prohibido.
Las teorías conspirativas entretienen mucho, solo que o son imposibles de probar o requieren de la aceptación de la denuncia como acto de fe, equivalente a la que tiene que asumir el lector de ciencia ficción. Supermán vuela sin importar el proceso necesario para lograrlo. Trump debe las pruebas del fraude y el impacto de las supuestas irregularidades en el resultado de la votación.
Jesús Rangel Rachadell / @rangelrachadell