El Coordinador Nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada, uno de los 25 partidos que están habilitados para participar en las parlamentarias previstas para el 06 de diciembre de 2020 le solicita al CNE que asuma en su presupuesto, para el día de las votaciones, el costo de financiar los gastos de alimentación e hidratación de los testigos de las organizaciones con fines políticos, al igual que lo hace con los miembros de mesa, los efectivos del Plan República y el personal técnico del CNE. Consideran que eso le daría una mayor transparencia al acto de votación y una mayor equidad en la participación de todos los actores políticos.
“Estamos haciendo pública una comunicación motivada que le hemos enviado a los Rectores del CNE, el 27 de octubre, y que no ha recibido respuesta. Ya lo habíamos planteado anteriormente, en otras dos cartas, de fechas 28 de junio y 08 de octubre. Esta es la tercera vez. El CNE sabe muy bien que la presencia de los testigos es un componente fundamental del sistema automatizado integral de votación. No es necesario que nosotros se lo recordemos. No tener testigos es como tener una mesa sin una de sus patas”, señala Quijada. “La respuesta invariable es el silencio. Señalamos que el gobierno comete peculado de uso al realizar reuniones nacionales del PSUV, en cadena nacional, con la presencia del Jefe de Estado. Preguntamos por qué el CNE deja sin efecto el principio de la “paridad de género”. Manifestamos nuestra preocupación por la reubicación de 2.028.578 electores. No hay respuestas”. “Todo esto genera desconfianza”, enfatiza el Coordinador Nacional y Jefe del Comando de Campaña de la UPP89.
“El cálculo matemático del gasto relacionado con los testigos es sencillo. Son cerca de 40.000 mesas de votación y, por lo tanto, se requieren 80.000 testigos si consideramos un testigo principal y un suplente por mesa (no dos suplentes como lo establece la normativa legal). Haciendo un cálculo conservador de gastos de 10 dólares por testigo, se necesitan 800 mil dólares, y le tenemos que agregar el costo de la distribución a los centros de votación. Llegamos fácilmente al millón de dólares, por partido o bloque de partidos. Nosotros no le estamos exigiendo ni un bolívar al CNE, sino que el árbitro electoral asuma ese costo en su presupuesto de gastos. Y, además, ofrecemos nuestra disposición de organizarnos en bloques de partidos para cuidar los votos y, sobretodo, para reducir el monto a sufragar por el ente electoral”, explica Quijada
“La alternativa es que el PSUV nos financie”, afirma irónicamente Quijada. “Ellos son los que tienen dinero, carros de lujo y utilizan la infraestructura pública nacional y regional con total descaro y desvergüenza, desde los vehículos de ministerios, gobernaciones y alcaldías, hasta alquilar las busetas privadas y los mototaxistas para trasladar sus militantes. Ya es una práctica hecha costumbre en todos los eventos electorales. Sería un pequeño gesto de hidalguía con quienes los adversamos radicalmente”, finaliza diciendo Quijada.
A continuación texto completo de la Carta:
Caracas, 27 de octubre de 2020
Ciudadanos Rectores y Rectoras
Indira Alfonzo Izaguirre
Presidenta
Leonardo Morales
Gladys Gutiérrez Alvarado
Tania D’Amelio Cardiet
José Luis Gutiérrez Parra
Consejo Nacional Electoral
Caracas.-
Ref. Testigos electorales
Estimados (as) Rectores (as):
Queremos insistir sobre un aspecto del proceso electoral que es de suma importancia y sobre el cual, respetuosamente, les pedimos actuar y buscar una solución al respecto. Nos referimos al financiamiento de la alimentación/hidratación de los testigos el día del acto de votación (6D del 2020).
Ustedes saben bien que la participación de los testigos es un elemento fundamental del sistema electoral automatizado venezolano. No tener testigos, de todos los bloques políticos u organizaciones con fines políticos haría del sistema automatizado lo que podríamos calificar de una “mesa sin una de sus patas”. Es indiscutible que sería así.
Según el artículo 67 de la CRBV los partidos políticos no deben recibir financiamiento mediante “fondos provenientes del Estado», sin embargo el C.N.E., en su presupuesto electoral, puede tener fondos para el financiamiento de los testigos. En este sentido, lo que queremos someter a la consideración de ustedes, es que el Consejo Nacional Electoral, en aras de garantizar la transparencia del proceso de votación y la defensa equitativa del voto, en función del artículo 293 de la CRBV, que señala: “Los órganos del Poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional” y del precepto universal de “igualdad real y efectiva”, debería contemplar en su presupuesto, para el día del acto de votación electoral, los gastos de alimentación e hidratación, no sólo de los miembros de mesa, de los miembros del Plan República, del coordinador del centro electoral, del operador del Sistema Integrado (máquinas de votación) y de los operadores del Sistema de Autenticación Integrado (captahuellas) y demás personal de apoyo técnico, sino también de los testigos, principales y suplentes, de las organizaciones o bloques de organizaciones.
Queremos recordar una de las recomendaciones del Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), en su Informe de fecha 20 de mayo de 2018, correspondiente a las elecciones presidenciales de ese año. Citamos textualmente:
Octava. Que se estudie la viabilidad de promover las reformas normativas necesarias encaminadas a que el Estado concurra a la financiación política y electoral de las Organizaciones con fines Políticos. Y que igualmente, las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por dichas organizaciones, sean financiadas parcial o totalmente con recursos estatales.
El CEELA propone el financiamiento directo a las organizaciones con fines políticos y a sus candidatos, con recursos estatales, nosotros proponemos el financiamiento indirecto a través del C.N.E. y bajo control del ente comicial, lo cual no requeriría ninguna “reforma normativa”, sólo la asignación de dichos recursos al C.N.E.
Se podrían instrumentar diversos esquemas de conformación de “bloques afines” (más allá de los ya existentes) de organizaciones con fines políticos para reducir el número de testigos, en el recinto de votación, y para reducir los costos de su financiamiento.
Es de destacar, ya lo hemos expresado con anterioridad, que en las presidenciales del 2018, cuando se instalaron 43.000 mesas de votación, un elemental cálculo matemático, partiendo de la base de la designación de un testigo principal y un solo suplente (no, de los dos suplentes que permite la normativa legal) requeriría, a razón de 10 dólares por testigo, de una inversión de 860.000 dólares, monto al cual debe agregársele, el costo del personal que se requiere para la logística de distribución de las comidas y refrigerios. En números redondos, ese monto ascendería a un (1) millón de dólares!!! Cifra inmanejable para la gran mayoría de las organizaciones con fines políticos
Sin más a que hacer referencia, agradeciéndoles la atención a la propuesta aquí planteada.
Atentamente
Reinaldo Quijada
Coordinador Nacional UPP89
Nota de Prensa