Asignación mensual de los jubilados es una tragedia económica

Una sentencia para una vejez llena de carencias y miseria, es lo que representa el pago de la jubilación para un trabajador del sector público que ha dedicado 25 o 35 años de servicio al Estado venezolano.

Actualmente sectores como los exfuncionarios de las alcaldías de Palavecino e Iribarren, perciben un salario de jubilación de un millón 200 mil bolívares al mes, cantidad que representa tan sólo 79 centavos de dólar que no les alcanza ni para comprar un kilo de harina precocida.

La asignación mensual es una tragedia económica que los obliga a subsistir en un marasmo donde impera la hiperinflación.

Ese mismo monto es devengado por extrabajadores de Corpoelec según denuncia el Sindicato en Lara. Los trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los educadores que se rigen por un tabulador nacional, devengan salarios que a duras penas llegan a siete dólares, sin posibilidad de alimentarse ni tratar sus enfermedades.

«Los jubilados están a la buena de Dios, muchos tienen como tabla de salvación a sus hijos que están en el exterior y les envían remesas, algunos cuentan con la ayuda de familiares en Venezuela o hasta deben depender de donaciones de los mismos trabajadores activos de Corpoelec para pagar algún tratamiento o cancelar alguna operación», contó a LA PRENSA Oswaldo Méndez, presidente del Sindicato de Corpoelec en Lara.

Señaló que a pesar que este sector cuenta con una Convención Colectiva, los beneficios con los que deben salir los trabajadores que son jubilados de la industria eléctrica no son otorgados. «Los jubilados deberían salir con el salario que devengan actualmente los activos, y gozar de todos los incrementos salariales que el gobierno decrete anualmente, pero la realidad es otra. Tampoco cuentan con atención preventiva ni un seguro médico privado. Si se enferman deben acudir al Seguro Social o a un hospital», relató. En estas condiciones están viviendo 620 jubilados de Corpoelec en Lara y unos 50 sobrevivientes, familias que reciben una pensión mensual por la muerte de un trabajador.

Si se compara con el precio de medicamentos de enfermedades que padecen la mayoría de los adultos de la tercera edad del país, el monto que devengan no les alcanza para comprar un Losartán, que es un medicamento para la tensión y en el mercado ronda los Bs. 3.500.000. Quienes sufren de diabetes, no pueden adquirir con ese sueldo la Metformina, fármaco que se consigue en 5 millones de bolívares aproximadamente.

Méndez precisó que aquellas personas que salieron jubiladas en el mes de diciembre del año pasado en Corpoelec, recibieron como pagos de sus prestaciones sociales menos de 50 dólares, cantidad que no les alcanza ni para comprar el 15% de la Canasta Alimentaria Familiar, que según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en el mes de diciembre 2020 se ubicó en 323 millones 523 mil 329 bolívares, equivalentes a 295 dólares.

La trágica historia se replica en el sector educación. Euribíades Verdú, presidente del Colegio Nacional de Profesores, contó que 180 mil jubilados docentes a nivel nacional sobreviven con 10 millones de bolívares al mes, o lo que se traduce a 6,5 dólares. «Un jubilado que haya salido como decente tipo 6, con doctorado y maestría y 40 horas de trabajo semanal, devenga entre ocho y 10 millones de bolívares al mes, una miseria», exclamó.

Precisó que en los últimos 12 años, tras aplicarse dos reconversiones monetarias eliminando ocho ceros al bolívar, la inflación se ha disparado devaluando las prestaciones sociales de quienes han superado el cuarto de siglo de trabajo dedicados a enseñar a la población venezolana en los planteles públicos.

«El cheque que reciben de prestaciones sociales un maestro es una ridiculez, un monto simbólico que no compensa tantos años de sacrificio, que va desde los 30 a 40 millones de bolívares», soltó Verdú. Una realidad totalmente distinta a la que vivió Alirio Suárez, profesor jubilado del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) en 1990 cuando salió jubilado.

«En esa época las prestaciones sociales por concepto de jubilación alcanzaban para viajar a Europa, comprar un apartamento y hasta pude pagar la universidad completa de mis tres hijos profesionales», exclamó Suárez. Quien actualmente aunque recibe la ayuda de sus hijos, para sobrevivir a sus 77 años se mantiene activo dando clases en los colegios privados, porque la realidad económica del país lo obliga y también su vocación de servicio.

Violan derechos

Alba Torrealba, secretaria general del Sindicato de la Alcaldía de Iribarren, informó que en julio de 2020, unos 99 funcionarios salieron jubilados y sus prestaciones sociales las cobraron seis meses después, el 15 de diciembre. «Un obrero que tenía 32 años de servicio recibió un cheque de 16 millones de bolívares de prestaciones sociales, y el trabajador que más dinero recibió cobró 79 millones de bolívares», informó.

Torrealba puntualizó que tras cumplirse un mes desde que recibieron ese pago, los trabajadores no han recibido la planilla de prestaciones sociales para precisar cuál es el monto del fideicomiso recibido, los años de servicios por los que los jubilaron, ni saben con qué monto van a cobrar su jubilación a partir de ahora. «Es decir estos trabajadores están en indefensión total», sostiene. Resaltó que los jubilados de la Alcaldía de Iribarren lo que devengan es un salario mínimo equivalente a 1.200.000 bolívares, y es un monto cancelado por el Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional a cargo de la Tesorería Nacional.

Jubilaciones van desde los Bs 3 millones

Según Alberto Domínguez, presidente del Sindicato del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Lara, los jubilados del sector salud pierden una serie de beneficios establecidos en la contratación colectiva una vez son desincorporados. «No tienen derecho a una póliza de seguro y los únicos aumentos salariales de los que gozan es cuando Nicolás Maduro decreta salario mínimo y se les hace un ajuste si quedan por debajo del monto», contó.

Precisó que desde camilleros, personal administrativo y enfermeras del IVSS deben rebuscarse en la economía informal para sobrevivir una vez son jubilados, a pesar de ya superar muchos de ellos los 60 años de edad. «Venden parte de sus pertenencias o cualquier cosa en comercios informales para poder alimentarse. Las denuncias también se registran en aquellos trabajadores que recientemente son jubilados y reciben sus prestaciones sociales luego de tres meses, totalmente devaluadas», precisó Domínguez.

El sector se rige por una tabla salarial y al salir jubilados devengan el último salario devengado.

300 exfuncionarios en pobreza extrema

Alba Torrealba, presidenta del Sindicato de la Alcaldía de Iribarren precisó que son un total de 300 jubilados los que no pueden sobrevivir devengando salario mínimo.

Indicó que los funcionarios no son jubilados cumpliendo la cláusula 74 de la Contracción Colectiva para jubilar a sus trabajadores, que establece que deben ser indemnizados con treinta días de sueldo por concepto de bonificación especial y sesenta días de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de seis meses. Tomando en cuenta como sueldo base el cálculo del último salario integral devengado.

Condenan a muerte a jubilados

Euribíades Verdú, presidente del Colegio Nacional de Profesores, informó que entre los beneficios que han perdido los docentes jubilados del país, es el de tener acceso a atención de salud a través del instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME).

«Este gobierno quebró el Ipasme por sus erradas políticas económicas. Con salarios de miseria los jubilados pierden el derecho al cesta ticket y también cobran 20% del salario que los educadores activos. Indicó que aquellos que están enfermos y no pueden seguir laborando luego de ser jubilados, quedan a cargo de familiares o algún allegados.

«Jubilan a quienes les estorban»

Para Alberto Domínguez, presidente del Sindicato del IVSS en Lara, desde el año 2019 directivos de los centros de salud público han aplicado medidas coercitivas contra los trabajadores que tienen menos de 25 años laborando y deciden protestar por sus derechos laborales, civiles y políticos.

«El Ministerio de Salud está jubilando a médicos y enfermeras que no han cumplido la edad ni el tiempo establecido para jubilarse, únicamente porque les estorban tras protestar por sus derechos», comentó.

Recordó que en Lara se conoce el caso del médico Roddy Navarro. «Es un profesional que ha participado activamente en las protestas por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país», mencionó.

El 16 de marzo de 2019 varias enfermeras y médicos recibieron amenazas de ser jubilados, luego de lograr reunirse con los delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

Esperan por su retiro

Desde 2015 un grupo de 70 trabajadores de la Alcaldía de Palavecino esperan por salir jubilados. Según informó Egleé Pacheco, secretaria del Sindicato, estos trabajadores que han decidido no laborar más porque muchos superan los 35 años de servicio, tienen problemas de salud o cansados, están en calidad de «desincorporados».

«Devengan un salario de 1.200.000 bolívares al mes, reciben sus cesta ticket, vacaciones e incrementos salariales que se le decreten para los activos, pero aun no han cobrado sus prestaciones sociales como lo estable la ley», indicó Pacheco.

A diferencia de otros sectores, por la lucha laboral, este sindicato ha logrado que se respeten ciertas cláusulas de la Contratación Colectiva, como que la Alcaldía de Palavecino cubra el 50% de los gastos médicos del exfuncionario cuando lo requieran.

«También a través de un tuitazo el año pasado los trabajadores exigieron una bolsa de alimentos y por órdenes de la gobernadora en ese momento, Carmen Meléndez, se aprobó el beneficio que reciben gratuitamente.

La Prensa de Lara