Los nuevos lineamientos detallan la forma en que los agentes extranjeros trabajarán con sus contrapartes mexicanas, pero solo se limita a algunos detalles sobre las reuniones que los foráneos sostienen en territorio mexicano, como datos básicos de las personas involucradas, sin tener que entregar información confidencial. Los servidores públicos mexicanos tendrán un plazo de hasta tres días después del contacto para reportar a su Gobierno cualquier contenido intercambiado.
La propuesta anterior, aprobada el pasado diciembre tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, obligaba a los agentes extranjeros a compartir con los funcionarios locales toda la información obtenida en suelo mexicano. Las nuevas reglas parecen garantizar la privacidad de las investigaciones, lo que significa un alivio para las autoridades estadounidenses que ya no tendrán que comunicar ampliamente sobre sus hallazgos, especialmente en medio de las preocupaciones de la inteligencia de Washington de que las instituciones mexicanas se hayan involucrado con cárteles de droga.
La modificación a la normativa solicitada por López Obrador a pocos días de que se posesione el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es percibida por algunos expertos como un intento de crear una buena atmósfera política con el Gobierno entrante, que ha planteado su deseo de reorientar su relación con México.
“Querían bajar el volumen y el tono con estas pautas para no exacerbar una posible confrontación con Biden y estos funcionarios (estadounidenses) que asumen el cargo”, aseguró Eduardo Guerrero, exfuncionario de inteligencia mexicano y analista de seguridad.
Guerrero agregó que es probable que las nuevas reglas se apliquen de manera flexible, con el nuevo Gobierno mientras sigue la coordinación entre los dos países. “Tiene que continuar porque dependemos mucho de la inteligencia estadounidense”, dijo.
Sin embargo, la legislación mantiene otras directrices. “los agentes extranjeros que cometan delitos o infracciones por infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas no gozarán de ningún tipo de inmunidad”, indicó el Gobierno mexicano en las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las molestias de México para impulsar la ley de Seguridad Nacional
La Administración Trump había manifestado su descontento por la posibilidad de que la normativa pudiera limitar las actividades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en México, pese a la historia de cooperación entre ambas naciones, que en 1989 firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia.
Aunque la Administración de AMLO argumentó que la nueva ley era necesaria para garantizar la soberanía de su país, muchos vieron el impulso de la normativa como una forma de retaliación por la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, tras una operación secreta de la DEA.
Según Washington, Cienfuegos habría tenido vínculos con el narcotráfico cuando dirigió el Ejército y se desempeñó como Secretario de Defensa, entre 2012 y 2018.
El presidente de México mostró su disgusto por el hecho de que los funcionarios estadounidenses obtuvieran información de su país y tomarán la decisión de capturar al militar sin consultarle al Gobierno mexicano. “No se vale”, recriminó AMLO en ese momento.
Tras la intermediación de su Gobierno, las autoridades estadounidenses, accedieron a retirarle los cargos a Cienfuegos y deportarlo a México, donde permanece libre mientras se adelantan las investigaciones en su país.