El pasado 11 de marzo, la Asamblea Nacional de la administración de Nicolás Maduro, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, donde según especialistas, se transfiere el poder de los gobiernos municipales y regionales a quienes integrarán las 200 comunas que busca instaurar el oficialismo.
Ya Nicolás Maduro adelantó que con esta nueva Ley busca darle un «cambio» al modelo de Estado para ofrecer entre otras cosas un Parlamento Comunal, donde se usurparía las funciones de la Asamblea Nacional.
Es así como el Artículo 53 de la referida Ley deja claro que «todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobierno obedencial y corresponsabilidad, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones de las Ciudades Comunales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y leyes de la República».
No obstante el proyecto de Ley también contempla la transferencia de competencias, reflejado en el Artículo 56: «Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia, de conformidad a la constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de Empresas Comunales bajo régimen de propiedad social directa…»
En ese sentido, el abogado Juan Manuel Raffalli ya había advertido que se establecería «un vínculo directo entre el Poder Central y las organizaciones comunales bajo la tutela del Consejo Federal de Gobierno».
En el caso del Artículo 59, estipula que «Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político-territoriales adoptarán las medidas necesarias para que las Comunas integrantes de las Ciudades Comunales gocen de prioridad y preferencia en los Proceso de Consulta Pública procesos de celebración y ejecución de los respectivos convenios para la transferencia efectiva de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos»
Para el profesor de la Universidad Cental de Venezuela, Oscar Arnal el proyecto deja en entredicho la estructura municipal encabezada por un alcalde, y le quita también fuerza a las gobernaciones.
«Aquí se vuelve a la política de poner el proceso productivo en manos de un Estado corrupto e ineficiente responsable de la quiebra nacional, de la hiperinflación y de que casi todo, menos los salarios públicos, tenga que pagarse en dólares.»
Punto de Corte