Una organización que se dedica al traslado irregular de venezolanos está siendo investigada por los organismos de seguridad del Estado. La misma se moviliza desde el estado Táchira a sus ciudades de origen a connacionales que retornan al país, quienes debían cancelar una tarifa que alcanza los 200 dólares.
En menos de una semana, reseñó La Nación, se logró la detención de nueve civiles y un funcionario militar.
Las autoridades no han revelado mayores detalles de las averiguaciones, pero, indica el medio tachirense, cuentan con información clave obtenida luego de que en el puesto de atención ciudadana Simón Planas, en Barquisimeto, interceptaron 2 autobuses procedentes de Táchira con 76 connacionales que habían regresado desde Colombia.
Los ciudadanos habían salido desde La Pedrera y se dirigían hacia Lara, Carabobo y Aragua. También se determinó que estas personas no cumplieron con las normas de bioseguridad para prevenir el contagio de covid-19, por lo que las trasladaron al lugar de aislamiento Villa Bolivariana en Barquisimeto.
Los organismos de seguridad detuvieron a tres choferes de autobús y dos colectores, de los cuales uno sería un presunto funcionario.
En otro procedimiento se desarrolló en el punto de control de El Cucharro, en la salida de San Cristóbal, estado Táchira. La Policía Nacional Bolivariana interceptó tres autobuses que se dirigían hacia Caracas y Valencia con 80 venezolanos que ingresaron al país por las trochas. Entre los pasajeros se encontraban 12 menores de edad.
Las unidades se trasladaban por las carreteras del país a pesar de que las conexiones interestatales estaban suspendidas por las restricciones contempladas en la semana de cuarentena radical.
El Nacional