Propiedad en riesgo. Por Jesús Rangel Rachadell
En nuestro país sin ley, mas propiamente, en el que la ley es manipulada por el gobierno para perjudicar a los opositores y atacar a los que tienen algo de dinero y extorsionarlos, no hay manera de defenderse.
La ausencia del Estado; sobre todo de sus funciones principales como es la administración de los conflictos, el monopolio de la violencia y el respeto de la propiedad, incluyendo en esta la protección de los ahorros y del valor del trabajo; genera actitudes de autodefensa, búsqueda de soluciones por caminos extraoficiales y el uso de la fuerza, ya que los gobernantes declinaron sus obligaciones en perjuicio del mismo ciudadano, sea pobre o rico.
Les hablo con conocimiento de causa, si le invaden un terreno, una casa o un apartamento no hay quien los defienda, no existe alcaldía, tribunal ni organismo público que decida y lo proteja. Nadie trabaja y la pandemia es la actual excusa. En el supuesto que su propiedad colinde con un barrio, menos lo van a ayudar porque desconfían de los invasores. Tienen miedo a perder votos y a que les den unos golpes por tratar de poner orden. Sin embargo, la autoridad, guapa y apoyada, no teme a los sacerdotes, les cierra los templos y con suerte dejan comulgar a los católicos, pero a los invasores o a las fiestas en los barrios ni con el pétalo de una rosa. Por ejemplo, el municipio Sucre del estado Miranda.
Ese mismo Estado que perjudica a los ciudadanos al prestarle de manera deficiente los servicios públicos de electricidad, recolección de basura, agua potable y valor de la moneda, persigue a quienes deben acudir a las oficinas de ingeniería municipal a tramitar los permisos obligatorios para cualquier construcción, siempre y cuando estén ubicados en una urbanización. Los barrios son tierra de nadie, tienen una organización dependiente del matón de turno o del consejo comunal que reparte las dádivas del gobierno, inútiles para poner orden en las rencillas, la música en excesivo volumen o la recogida de los deshechos. Este desgobierno nos pone en peligro a todos, sin diferencia de grupo social o condición económica, lo que procura es que peleemos y se solaza en el conflicto de las comunidades.
Las policías municipales, a veces, atienden las denuncias de construcción del piso superior de una casa o de otra cocina (esto último define si la vivienda es unifamiliar o multifamiliar). Sin embargo, en esta época de penurias causadas por el socialismo del siglo XXI, algunos dueños de apartamentos y casas dividen su residencia para que vivan sus hijos o para evitar conflictos con otros familiares, también derriban paredes para acceder a áreas comunes y extender su espacio vital, así afecte la fachada. Desconozco el criterio de las alcaldías para decidir los casos, aunque el silencio y el abstenerse de cumplir con el mandato legal suele ser la posición oficiosa. Parece que la lástima es un elemento esencial para obviar sancionar al pobrecito con problemas. Conciben la humildad como factor fundamental para proteger al infractor frente al que obtuvo con su esfuerzo la propiedad de un terreno. Otro argumento es el provecho del bien, no importa de quien sea, si no tiene utilidad o uso directo para el dueño puede ser dispuesto por el desvalido que justifique una necesidad perentoria, sin contraprestación.
La inflación desbocada y la desesperanza de una mejora mediante un cambio de gobierno ha llevado a que las viviendas pierdan valor, esa misma que durante años fue el reflejo del ahorro del pueblo. Los venezolanos dedicamos nuestro capital a mejorar la casa, arreglamos todo lo que podemos con la esperanza de venderla para adquirir una mejor, tal vez más grande, de mayor calidad o ubicada en una zona sin violencia. Esta ilusión no es solo de los pobres, la clase media que se ha ido al extranjero no quiere vender su casa o apartamento hasta conseguir mejores precios, a menos que una emergencia los obligue. Lo malo es que enfermedades como el Covid-19 exigen mucho dinero para los que no están asegurados o les tienen terror a los hospitales públicos, y la liquidación de ese bien es la única opción. Lo peor, la herencia de los que fallecen ayuda muy poco a los deudos en un país en los que los bienes valen una miseria. Para colmo de males, el Seniat mantiene los lapsos para las declaraciones sucesorales y los demás actos relacionados con los tributos, sin importar que se declare semana restringida o flexible. Cuente con su multa por incumplir el procedimiento, esa es segura.
Si cobra alquileres por su propiedad también está en riesgo, ya que extendieron un nefasto decreto que difiere el pago de los cánones de arrendamiento. El gobierno debería implementar unas políticas de ayuda como las de los gringos, darle dinero a la gente para que cumpla con sus deberes, no decirles que son libres de mantenerse insolventes, invadir, cogerse lo que no es de ellos e irrespetar lo ajeno.
Jesús Rangel Rachadell
@rangelrachadell