Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció y calificó este hecho como una afrenta a la libertad de expresión que «merece nuestro más profundo repudio», señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Según la organización, con sede en Miami, el Gobierno de Ortega «viene utilizando todos los instrumentos legales y judiciales en contra de medios, periodistas y opositores».
«Es evidente que el Gobierno de Daniel Ortega está empecinado en borrar del mapa a los medios de comunicación y periodistas independientes, así como a sus opositores políticos, para allanar su camino hacia las elecciones de noviembre», acotó Canahuati
Las oficinas allanadas de ‘El Confidencial’ pertenecen al hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), el también periodista Carlos Fernando Chamorro.
Medios y periodistas denuncian persecución
Es la segunda vez que ocurre un allanamiento a este medio, el primero fue en diciembre de 2018, cuando ‘El Confidencial’ junto a otras publicaciones digitales como ‘Esta Semana’, ‘Esta Noche’ y la ‘Revista Niú’, fueron ocupados por la Policía.
En febrero de 2021 se consumó una confiscación y el Gobierno de Ortega adjudicó la propiedad de Carlos Chamorro al Ministerio de Salud para una Casa Materna.
El camarógrafo de ‘El Confidencial’, Leonel Gutiérrez, fue retenido por más de ocho horas en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, y luego liberado. Gutiérrez tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los medios allanados también recibieron palabras de apoyo de parte del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien pidió que cese al acoso.
«Exigimos se respete la vida y la integridad física de los trabajadores de Confidencial y cese el acoso. El respeto a la libertad de expresión como elemento esencial de la democracia hace repudiable este tipo de atentados», señaló Almagro.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, también dio un espaldarazo y acusó a la Administración de Ortega de estar intensificando sus acciones represivas en contra de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los sectores de la oposición, con el fin de “impedir cualquier crítica y robarse las elecciones presidenciales de noviembre 2021”.
Los hechos ocurren menos de seis meses antes de las elecciones generales en el país, en las Ortega buscará la reelección.
Disputa política más que periodística
El Gobierno sandinista investiga a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro por lavado de dinero. Chamorro Barrios, en calidad de directora ejecutiva de la FVBCH, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, renunció a su cargo en enero pasado.
A juicio de la hija de la expresidenta nicaragüense, el Gobierno de Ortega está tratando de montar un delito en su contra para evitar que ella continúe con sus aspiraciones a la Presidencia.
Chamorro Barrios cerró operaciones de la ONG como consecuencia de la controvertida Ley Reguladora de Agentes Extranjeros de Nicaragua, promovida y aprobada por el gobernante sandinista, que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
El Ministerio de Gobernación afirmó en una nota de prensa que «la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero».
«Me parece que es una acusación macabra, parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y, en el fondo, para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente el 7 de noviembre», indicó Cristiana Chamorro Barrios al salir de la sede del Ministerio de Gobernación, donde fue citada.
France24 con Reuters, EFE y medios locales