El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, señaló que hasta la fecha han consignado seis documentos ante la Corte Penal Internacional de unas 3 mil páginas.
«En definitiva, consideramos que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer, junto con este, una hoja de trabajo conjunto», señaló.
Insiste en que hasta la fecha la fiscalía de la CPI ha guardo «silencio» y que por este motivo presento dos acciones ante el organismo. Una de ella es solicitar cooperación internacional y la segunda solicitaron ante la Sala de Cuestiones Preliminares que se pronuncie sobre tres asuntos esenciales.
«¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?. ¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma? ¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?», señaló.
El fiscal chavista considera que «Venezuela, por su parte, apenas lleva 3 años sometida al examen preliminar y se está presionando a la Fiscalía para que abra investigación. Esto revela un trato desigual y discriminatorio».
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