El usurpador venezolano, en otra de sus presunciones de prepotencia, pretendió sorprender a la opinión pública con su supuesta preocupación por la sanidad del Poder Judicial. Se necesita cinismo del máximo para hacer señalamientos que son harto conocidos por todo el país, sobre un Poder Judicial que es la antítesis de la justicia. Pero el descaro es mucho mayor si quien lo hace es el primer culpable de que jueces y fiscales sean hoy los funcionarios menos confiables de Venezuela.
Desde el corral de la revolución emanó un raro sonido que se escuchó a lo lejos. Fue difícil interpretar el ruidoso zumbido de quien pretender erigirse como guardián del Poder Judicial después que él mismo lo corrompió y lo condujo al desastre que está materializado hoy en cada uno de los tribunales del país. Para nadie es un secreto que Venezuela es una nación huérfana de justicia. Aquí todos los derechos y garantías de los ciudadanos son una letra constitucional definitivamente muerta.
Pero ahora el usurpador, que está acostumbrado a actuar de este modo, se entromente en un asunto que sólo le corresponde, precisamente al Poder Judicial, al cual atañe la iniciativa de perfeccionarse a sí mismo. Mas el ilegítimo gobernante asume para sí, en otro acto de usurpación, una tarea que le es ajena por falta de competencia y carencia de conocimiento sobre la materia.
Es así como escandaliza con una írrita decisión: designa una comisión para revisar el desenvolvimiento de jueces y fiscales. Escoge para encabezar dicha comisión a dos de los más allegados de su pandilla; probablemente tan culpables, o más si es posible, de los desmanes que se ven todos los días en los tribunales.
Visto el asunto en el plano de lo que desgraciadamente ha ocurrido, se puede afirmar que el usurpador escogió dos de sus zamuros más expertos en cuidar la carne descompuesta de la que se nutre la justicia venezolana. Ya se pueden imaginar cuáles serán los resultados.
Antonio Urdaneta Aguirre
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