Michelle Bachelet publicó su nuevo informe sobre Venezuela

La Oficina de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., publicó su nuevo informe sobre Venezuela, destacando que continúan las vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el informe, la alta comisionada Bachelet señaló que hubo una reducción en el número de muertes ocurridas en contexto de operaciones de seguridad en el último año, aunque la cifra sigue siendo preocupante.

«Se documentaron 17 casos que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales en el Distrito Capital, Miranda, Monagas, vargas y Zulia. Una de las muertes ocurrió en el contexto de una protesta y las otras 16 durante operaciones de seguridad, en zonas marcadas por los altos niveles de inseguridad y violencia», refiere el informe.

Además, refieren que los agentes de seguridad utilizaron la violencia para controlar testigos y separar a víctimas de sus familiares. En estos casos, las mujeres y niños, presentes en el lugar de los hechos, fueron los más afectados.

«En algunos casos, familiares de las víctimas fueron objeto de acoso y violencia sexual. según se informa, los agentes permanecieron en casa de las víctimas durante varias horas, manipularon pruebas y la escena del crimen».

Patrón de las fuerzas de seguridad y procedimientos en La Vega

El informe indica que la mayoría de las víctimas en procedimientos policiales cumplen un patrón. Son hombres de bajos ingresos, que viven en barrios populares. «Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades e influyen en la población».

Sobre los procedimientos en La Vega, la alta comisionada Bachelet hace referencia al operativo que tuvo lugar el pasado 8 de enero, que involucró al menos a 650 funcionarios de seguridad.

«En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de la policía al menos 14 jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes», indicaron.

En el informe denuncian que algunas de estas muertes habrían sido causadas por el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad. «Algunas víctimas reportaron una o dos heridas de bala en el pecho, abdomen o cabeza, zonas vitales de probable mortalidad».

Enfrentamientos con la disidencias de la Farc

Asimismo, hacen referencia a los enfrentamientos que tuvieron lugar en el estado Apure, en los que estuvieron involucradas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Los enfrentamientos, que comenzaron el pasado 21 de marzo, dejaron a decenas de heridos y muertos. «Grupos armados no estatales habrían utilizado minas terrestres; el 25 de marzo, cinco personas, cuatro de ellas, de una misma familia, fueron detenidas y halladas muertas horas después».

Torturas y tratos crueles

La Oficina siguió recibiendo denuncias sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes a los privados de libertad. Recibió informes de golpizas, descargas eléctricas, amenazas de violación y violencia sexual; los patrones identificados como «desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron».

En el informe pusieron de ejemplo el caso del militar Antonio Sequea Torres, acusado de terrorismo y de participar en la incursión armada desde Colombia, el 4 de mayo de 2020, por lo que se mantiene privado de libertad bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Familiares del Sr. Sequea fueron informados que ya no se encontraba en el Sebin. Al 1 de mayo de 2021, las autoridades notificaron que habían estado en contacto con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, pero no informaron sobre su paradero».

«Sigue siendo desconocido el paradero de otras personas, cuyos casos han sido denunciados ante el Grupo de Trabajo, como las del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (septiembre 2018) y Hugo Enrique Marino Salas (abril 2019).

Sobre la violencia sexual, la Oficina se mostró preocupada señalando que la mayoría de los centros de detención no están adaptados para cumplir las normas específicas de género, y a menudo son vigiladas por hombres.

El caso de Acosta Arévalo

Según la Oficina de Bachelet, que el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) a manos de dos funcionarios, ha avanzado en la acusación de estos dos sujetos «lo que representa un paso positivo en la lucha contra la tortura».

«La calificación por parte del Estado de la muerte por tortura del Sr. Acosta Arévalo representa un paso positivo en la lucha contra la tortura. Son necesarios más esfuerzos para garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando, a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitan», indicaron.

Suspensión de las visitas en centros de detención

Para prevenir la propagación de la COVID-19, el Estado decidió suspender las visitas a los centros de detención. Fueron retomadas casi seis meses después, en septiembre de 2020.

«La continuación, regularidad y ampliación de las visitas es fundamental para garantizar las condiciones adecuadas de detención y el derecho a la defensa, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad establecidos», refieren.

«La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante. Se denunciaron condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos».

No se respeta a la defensa privada

La Oficina indicó que en varios casos, el derecho de las personas acusadas a ser asistidas por un defensor de su elección fue indebidamente restringido, especialmente por los tribunales con competencia en terrorismo.

«La designación de una defensa privada no está sujeta a ninguna formalidad particular. A pesar de ello, en algunos casos destacados, los tribunales negaron la designación de una defensa privada, alegando errores de procedimiento».

«En otros casos, las autoridades de custodia habrían impedido el acceso a las defensas legales privadas, impidiendo así la formalización de su nombramiento. Jueces, fiscales y otros funcionarios presuntamente presionaron a algunas personas acusadas para que despidieran a sus defensas privadas y las sustituyeran por defensas públicas».

Además, estos defensores públicos, según la alta comisionada, presionaban a las personas acusadas para que aceptaran los cargos, negligencia en el desempeño de sus funciones como abogados defensores y ocultamiento de información relacionada con el progreso del caso.

Documentaron restricciones a las libertades fundamentales

La Oficina de Bachelet indicó que siguió documentando todas las violaciones a las libertades, que limitan el espacio cívico y democrático. «La labor de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas».

«El ACNUDH registró 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre estos incidentes figuran 2 muertes, 6 actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización. Al menos 16 personas que forman parte de la oposición fueron detenidas; la mayoría fueron puestas en libertad poco tiempo después».

Elecciones sin garantías

Indicaron a su vez que en medio de la realización del informe, tuvo lugar el proceso electoral para escoger a los representantes de la Asamblea Nacional, el pasado 6 de diciembre de 2020.

«El Tribunal Supremo dictó varias decisiones, que llevaron a la sustitución de la directiva de seis partidos de la oposición, así como una nueva junta electoral para conducir el proceso», refieren.

Asimismo, este Consejo Nacional Electoral (CNE) introdujo un nuevo reglamento, que disminuyó la proporción de los pueblos indígenas en el Palacio Federal Legislativo y sustituyeron el voto directo por indirecto, «lo que suscitó preocupación sobre la presencia de garantías suficientes para la participación libre».

En la Oficina recibieron informes «de inducción al voto tanto antes del proceso electoral como en su transcurso. Autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios».

Acusaciones de terrorismo

«Personas defensoras de los derechos humanos, representantes de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación independientes fueron calificados de ‘criminales’ o ‘terroristas’. Algunos funcionarios también instaron a la persecución penal de esas personas».

Desde la Oficina analizaron 19 casos de personas defensoras de los DD.HH. como periodistas, sindicalistas, activistas y miembros de la sociedad civil, que enfrentan procesos penales.

«Las autoridades sostienen que algunos actores de la sociedad civil habrían cometido malversación de fondos, y estas personas han sido acusadas de delitos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, a saber, ‘asociación para delinquir’, ‘financiamiento al terrorismo’ y ‘legitimación de capitales’. Estos cargos conllevan la detención obligatoria, lo que impide la posibilidad de que los tribunales consideren medidas alternativas. En muchos casos, los retrasos judiciales resultaron en largos períodos de detención preventiva».

Libertad de opinión y expresión

Profesionales de medios de comunicación, así como defensores de DD.HH. y miembros de la sociedad civil denunciaron ante la Oficina la intimidación, censura y autocensura a las que han sido sometidos.

«Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información durante el período que abarca el informe».

«Periodistas fueron objeto de amenazas o acoso por parte de la Guardia Nacional, las Fuerzas de Acciones Especiales y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En algunos casos, miembros de las fuerzas de seguridad borraron material o confiscaron ilegalmente o destruyeron sus equipos».

Recomendaciones de la Oficina de Bachelet al Estado

• Garantice el acceso a la información y los datos públicos para monitorear y orientar adecuadamente las políticas públicas, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.
• Priorice una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, y evite la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas de las libertades fundamentales y del espacio cívico, y revise las regulaciones y leyes adoptadas para asegurar que sean compatibles con las normas de derechos humanos.
• Garantice que los espacios para la participación de la sociedad civil se mantengan y amplíen, y que cualquier restricción introducida en el contexto de la pandemia de COVID-19 sea estrictamente necesaria y proporcional para mitigar el impacto de la pandemia.
• Garantice que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes.
• Asegure que la acción judicial se guíe estrictamente por los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y otras normas nacionales e internacionales.
• Asigne recursos suficientes para garantizar condiciones adecuadas de detención y acceso a la justicia.
• Implemente una reforma integral de las instituciones y políticas de seguridad, para abordar de forma efectiva los problemas de derechos humanos y ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
• Implemente efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos, para salvaguardar su integridad y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.
•  Realice investigaciones independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el estado de Apure en el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales.
• Permanezca comprometido con la implementación efectiva del plan de trabajo conjunto firmado con el ACNUDH, y su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Caraota Digital