Hablemos del pasaporte. Por Noel Álvarez

El derecho a la identificación de las personas es un derecho humano universal,  reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 6), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24.2) y su protección jurídica es resultado de un contexto histórico determinado. La identidad de una persona constituye un proceso que se inicia con el nacimiento y se prolonga hasta su muerte.

La constitución nacional venezolana, en el artículo 56 establece que, toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Este precepto constitucional está siendo vulnerado, flagrantemente, por quienes ejercen el control del poder ejecutivo venezolano, ya que, debido a circunstancias concomitantes, los ciudadanos deben atravesar un viacrucis ―tiempo y dinero― para obtener la partida de nacimiento, la cedula de identidad o el pasaporte.

Parodiando a lo que dicen algunos amigos colombianos: “Los organismos gubernamentales al igual que muchas organizaciones civiles deben ser, figuras sin ánimo de lucro, aunque sin afán de pérdida”. Resalto el concepto “sin fines de lucro”, como decimos en Venezuela, para destacar que el fin de los organismos públicos no debe ser el obtener ganancias por los servicios prestados, ya que, todos estos son de carácter monopólico, es decir, solo pueden ser obtenidos ente ese organismo público. Con este pensamiento como norte, me enfocaré en el análisis de la legitimidad del cobro y espera a que somete el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, SAIME, a los ciudadanos que requieren la prestación de sus servicios, específicamente en el área de pasaportes.

Para intentar que esta indagación sea lo más objetiva posible, no me limitaré a estudiar solo el caso venezolano. Elaboré un cuadro comparativo que contiene 10 países, 3 europeos y 7 latinoamericanos, entre los cuales se encuentra Venezuela, por supuesto. Presentaré información sobre el precio del pasaporte en cada uno de estos países, el tiempo que tarda en ser entregado el documento y por último, estableceré el peso porcentual del precio del pasaporte respecto al salario mínimo, en cada Estado nacional. 

De este sencillo cuadro se pueden extraer varias conclusiones:

1. El promedio obtenido de los 9 países, me lleva a concluir que, el valor del pasaporte es de 90,15 dólares, entonces la oficina gubernamental venezolana está actuando como descendiente de los fenicios, es decir, obteniendo ganancias exorbitantes por la prestación de un servicio que tiene delegado con carácter monopólico. Esta circunstancia convierte al pasaporte venezolano en el documento, de su tipo, más caro del mundo.

2. Supongamos que el ciudadano quiere ser condescendiente con el SAIME y pretende privilegiar una oportuna respuesta frente al alto precio del documento, para lo cual deberá evaluar la respuesta venezolana con respecto a los otros países. En el cuadro podemos observar que, en los 9 países estudiados, el promedio de entrega del pasaporte es 7,44 días, en Venezuela, solo cuando San Juan agache el dedo.

3. Mientras que, en España, el impacto del valor del pasaporte como porcentaje del salario mínimo es apenas del 2,48%, en Venezuela registra un estratosférico porcentaje de 8.285,71% con referencia al salario mínimo. Es decir, el precio del documento venezolano, no solo es caro, su precio es infame respecto al nivel de pobreza que presenta el país.

4. En la práctica, mientras que un obrero español, solo debe trabajar seis (6) horas para cubrir el precio de su pasaporte, un obrero venezolano deberá dedicar diecinueve mil quinientos noventa (19.590) horas de trabajo para cubrir el costo del mismo trámite.

En conclusión, el régimen que controla el ejecutivo venezolano, no solo está restringiendo el derecho a la identidad, sino que, además violenta la libertad de circulación y movimiento consagrada en la Constitución, donde se estipula expresamente –en el artículo 50– que todo venezolano puede libremente “ausentarse de la República y volver a ella”. Y lo más grave, con la procrastinación de las demandas ciudadanas, el SAIME estimula los círculos de corrupción internos y externos que acechan en el desfiladero de “Las Horcas Caudinas”, al indefenso ciudadano que requiere algo tan elemental, y a la vez tan vital, como es tener un documento de identidad.

Noel Álvarez

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