Principal partido opositor de Nicaragua, que desafiaba reelección de Ortega fue inhabilitado
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido derechista Ciudadanos por la Libertad, que encabeza una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, tras anular su personería jurídica.
El CSE ordenó «cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)», indica una resolución del tribunal, leída por el secretario de actuaciones del organismo, Luis Luna, a medios oficialistas.
La medida deja al CxL, el principal bloque opositor, fuera de las elecciones generales de noviembre, en las que Ortega, un exguerrillero de 75 años que está en el poder desde 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
El CSE tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno, pidió horas antes al CSE anular al CxL alegando actuaciones reñidas con la ley.
Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor de CxL tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien «tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley».
Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE «declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL».
El tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cédula de identidad de la presidenta de CxL.
Según el CSE, la presidenta de la agrupación «utilizó procedimientos irregulares» y «ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas».
La agrupación CxL denunció que a su presidenta le fue retirada su nacionalidad nicaragüense, lo que la deja como ciudadana estadounidense con una situación migratoria complicada y sujeta a una posible deportación.
El despojo de la legalidad del partido CxL, una agrupación que surgió en 2017 como escisión del liberalismo, se produjo dos días después que el CSE inhibiera a su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada, a causa de polémicas declaraciones que molestaron a las filas del oficialismo.
Quezada, de 27 años, era la compañera de fórmula electoral de Óscar Sobalvarro, de 68 años y exjefe de la denominada «contrarrevolución».
– «Estoy asustado» –
Se conoció que los directivos y miembros de la alianza temen ahora ser detenidos, como parte de la ola de arrestos que vive el país de cara a las elecciones.
Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por «traición» a la patria.
Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba en las encuestas como potencial rival para enfrentar a Ortega.
En tanto, poco después que el tribunal electoral inhabilitara a CxL, el candidato a la presidencia del PLC, el empresario Milton Arcia, anunció que estudiaba renunciar a su postulación en protesta por la actuación de su partido, fundado por el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).
«Estoy asustado de lo que está pasando… A mí me gusta la democracia y quería que compitiéramos todos», dijo Arcia a la prensa.
Con la salida de la alianza CxL de las elecciones, Ortega se dispone a conquistar cómodamente su tercera reelección sucesiva frente a cinco partidos derechistas que son tildados de «colaboracionistas» por la oposición.
La comunidad internacional ha condenado los arrestos y acciones judiciales contra los opositores y demandado la realización de elecciones libres.
Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüense ligados al gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington.
Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario nicaragüense han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años.
Ortega ha minimizado las presiones y dicho que situaciones «más difíciles» ha vivido Nicaragua, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.
France24 con AFP