El decreto firmado el domingo dispone la «movilización» de Policía y Fuerzas Armadas para «reforzar y restablecer el orden y control» de todos los centros penitenciarios del país.
La medida, que se extenderá hasta el 29 de diciembre, fue tomada considerando que «la grave conmoción interna» que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano «desafortunadamente persiste y continúa vulnerando la vida y los derechos» de los reos, señala el documento.
Lasso declaró el 29 de septiembre un estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país, tras una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica en la que murieron 119 presos de la penitenciaría de Guayas 1.
En esa misa prisión, el pasado 14 de noviembre 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.
La matanza derivó en el reemplazo del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y del director del organismo encargado de las prisiones (SNAI).
El nuevo decreto de estado de excepción indica que «las organizaciones criminales que operan al interior de los centros de privación de libertad cuentan con armamento sofisticado y han demostrado elevados niveles de violencia y crueldad».
Agrega que Ecuador, cuyas cárceles tienen un 30% de sobrepoblación, tiene un déficit de 2.500 guías penitenciarios. Actualmente hay apenas 1.646 para todo el país.
La nación andina cuenta con 65 prisiones con capacidad paras unos 30.000 presos, pero están habitadas por 39.000. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.
France24 / AFP