Bolivia culmina un año de polarización entre el Gobierno y la oposición

La polarización y la confrontación entre el oficialismo y la oposición en Bolivia ha sido uno de los aspectos recurrentes en 2021, una tensión que ha tenido su correlato en escenarios políticos y jurídicos pero principalmente con tensas movilizaciones de ambas partes en las calles.

La herida todavía abierta son los sucesos con muertos y detenidos que dejó la crisis política de 2019, que para el Gobierno fue resultado de un «golpe de Estado» y que para los opositores producto de un «fraude electoral» en los anulados comicios de ese año que habilitaban a un cuarto mandato consecutivo a Evo Morales.

Cuando Luis Arce asumió la Presidencia del país en noviembre de 2020 se refirió a una «nueva etapa» de «reconstruir» el país «para vivir en paz» y por el «reencuentro» entre bolivianos junto al compromiso de «rectificar lo que estuvo mal».

El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas dijo a Efe que esas palabras fueron una «mentira», mientras que el legislador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Danny Rojas consideró que todo pasa necesariamente por una «reconciliación con justicia».

LOS ESCENARIOS DE LA DISPUTA

La polarización se ha mantenido en distintos escenarios como el comunicativo y la recurrente afirmación del Gobierno de que la crisis de 2019 fue un «golpe de Estado», algo que se ha refrendado en espacios como el Parlamento, los tribunales, las calles, incluso, en la política exterior.

El presidente Arce y sus ministros han sido insistentes en esa narrativa que, incluso, llevó a exponer al mandatario a los insultos, críticas y reproches de la oposición cuando brindó sus mensajes ante el Legislativo el pasado 22 de enero y el 6 de agosto, las dos fechas cívicas más importantes del país.

La postura del «golpe de Estado» ha pasado también a los juzgados con procesos y encarcelamientos como el de la expresidenta interina Jeanine Áñez, exjefes militares y policiales además del exlíder cívico Marco Pumari a principios de este mes.

A lo largo del año sectores opositores y bloques ciudadanos contrarios al Gobierno se tomaron las calles para exigir la libertad de los que consideran «presos políticos», además, forzaron a que el Gobierno abrogara por decreto presidencial un proyecto y una polémica ley.

Asimismo, el Gobierno, el MAS y sectores afines al oficialismo han sentado presencia con marchas nutridas en defensa de símbolos patrios y la protección a la gestión de Arce ante lo que se cree intentos de un «nuevo golpe de Estado».

El diputado Rojas dijo a Efe que detrás ha estado «la mentira de la oposición para mal informar a la población» y que por ello ha habido «intolerancia» ante algunas medidas del Gobierno como aquellas expresadas en el paro de nueve días de noviembre que obligó al Ejecutivo a retroceder.

En cambio para Pedrazas las protestas se han debido a que el Gobierno está «perdido» en hallar una forma efectiva para resolver conflictos y que el MAS «está repitiendo» la estrategia que antes usaba Morales para «polarizar el país» y así afianzar su visión.

El presidente Arce también ha encontrado eco en algunos de sus aliados internacionales para sustentar que en 2019 hubo un «golpe de Estado» en el que hubo «intereses extranjeros y nacionales» como las acusaciones contra el exmandatario de Argentina Mauricio Macri de «haber fomentado» los sucesos de ese año.

POLÉMICAS DETENCIONES

Las detenciones de Áñez y Pumari han abierto y cerrado el año además de dejar la incógnita sobre si la Fiscalía realmente actuará ante las denuncias sobre otros líderes de oposición como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que inicialmente fue el principal acusado por los hechos de 2019.

Para el legislador opositor esas detenciones encabezan una lista de unos cuarenta «presos políticos» que es resultado de la «justicia que opera a favor del MAS».

Mientras que para el diputado Rojas está claro que Áñez «tiene que responder» por los muertos en su gestión, que considera fue producto de una «autoproclamación» más que de una sucesión y que Pumari tiene responsabilidad por «convocar a movilizaciones» y no es un «libertador de la democracia» como buscan presentarlo.

De momento no se vislumbra un punto de acercamiento entre las dos partes, oficialismo y oposición, que han demostrado que no cederán en sus posturas, mientras esa polarización se profundiza y toma más pulso en las calles.

Con información de EFE