Fiscal de Perú inicia investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente de Perú Pedro Castillo. Así lo confirmaron fuentes de El Comercio.
En las últimas semanas, el mandatario ha estado envuelto en una serie de cuestionamientos. La situación se generó por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a la lobbista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh. Esto tras sus reuniones con Castillo.
La investigación fiscal a Castillo se inició semanas después de conocerse sus reuniones con la lobbista Karelim López. La mujer está vinculada al consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra Puente Tarata. También tiene conexión con el empresario Samir Abudayeh, cuya empresa Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel.
Según Canal RPP y Canal N, las pesquisas del Ministerio Público contra el presidente son por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión tras las licitaciones otorgadas por Provías Descentralizado y Petroperú.
Caso contra Pedro Castillo
El 18 de diciembre del año pasado, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo. Lo hizo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal. Así como por «tráfico de influencias», por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López.
Según la denuncia de la Procuraduría, las reuniones entre Karelim López y el presidente Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro.
Otra investigación
En tanto, el 1 de diciembre, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició de oficio una investigación preliminar contra Karelim López y Bruno Pacheco por el caso Provías. Las pesquisas son por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
Antes de conocerse la decisión de la fiscalía de la Nación, Castillo Terrones afirmó, en la ceremonia de inicio del año judicial, que su gobierno respetará la autonomía del sistema de justicia. Exhortó a los jueces a “no sucumbir ante presiones y chantajes”.
Con información de la GDA / El Nacional