La guerra que puso en toque de queda a gran parte de Arauca
El violento ataque perpetrado en Saravena, Arauca, el miércoles, que aumentó la zozobra en la zona y puso en toque de queda a cuatro de los siete municipios del departamento, es el último capítulo de sangre que deja la guerra declarada públicamente entre el ELN y la disidencia de las FARC.
Horas después del ataque, las autoridades señalaron a los frentes 10 y 28 de las disidencias de las FARC como responsables del carro bomba que dejó una persona muerta, 20 heridas y destrucción en el barrio 6 de Octubre de ese municipio.
En el video, las disidencias afirmaron que el ELN tiene listas de personas que serán asesinadas y que “crean campaña negra” en su contra. Además, sostuvieron que el ELN fue el que inició la confrontación y les declararon abiertamente la guerra: “Los que se afanaron con esta guerra les manifestamos que ahí la tienen, sin descanso y sin cuartel, no les daremos tregua; pueden esconderse donde quieran, hasta debajo de las rocas, los buscaremos”.
El ELN, por su parte, ha expedido comunicados en los que dice que se está defendiendo de los supuestos ataques de las disidencias. El 4 de enero, esa guerrilla se pronunció tras el asesinato de 27 personas cuyos cuerpos fueron encontrados siguiendo un rastro de sangre entre Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca) y Cubará (Boyacá).
Según su versión, se vieron “en la obligación de defender los territorios” de una supuesta ofensiva de las disidencias de las extintas FARC al mando de alias Arturo, a quien señalan de estar alineado con intereses del Gobierno nacional y de Estados Unidos. Y anticiparon que seguirá la violencia en la zona, al indicar que van a confrontar a los grupos que participan en ese supuesto plan.
Líderes de la zona que pidieron no ser mencionados señalaron que desde el año pasado se venían escuchando rumores sobre una confrontación entre el ELN y la guerrilla, que ya se habían enfrentado por el control del territorio en el pasado. Esas dos organizaciones ilegales hicieron un pacto de no agresión entre 2010 y 2013, pero la tregua finalmente se rompió. La violencia se reactivó y luego volvió a bajar por los acuerdos de La Habana que llevaron a la desaparición de la guerrilla de las FARC.
El ELN intentó consolidar entonces su poder y los residuos de las FARC que no se acogieron al proceso de paz, así como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, entraron a jugar por el control de la zona de frontera con Venezuela. En ese país se habría iniciado la confrontación que hoy genera temor en Arauca. En la zona circulan versiones de que en el vecino país las disidencias habrían asesinado a Mazamorro, hombre de confianza de Pablito, el jefe militar e integrante del Comando Central del ELN (COCE).
En venganza, el ELN habría ordenado la incursión armada que dejó 27 muertos entre el 2 y el 5 de enero, acción criminal que llevó a la retaliación de las disidencias de esta semana en Saravena. En la mitad de esa guerra entre grupos criminales está la población civil, que el viernes salió a las calles de Saravena a pedir que pare la confrontación y se respete la vida de los habitantes de la región. Llevan todo el mes clamando por la paz y tienen previsto para hoy nuevos actos para rechazar la violencia que toca sus puertas.
“Seguimos pidiendo claramente a las autoridades civiles que se empeñen en la protección e integridad de la población más afectada, así como concretar planes de contingencia y de ayuda humanitaria requeridos, recordando siempre que es necesario buscar responder de manera más integral a la situación que vive nuestra región” fue el llamado que hizo esta semana Jaime Cristóbal Abril, obispo de Arauca.
Un habitante de Saravena consultado por El Tiempo, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, afirmó que espera que pronto se tomen medidas para sacar a la comunidad de en medio de ese conflicto: “Están peleando por sus negocios ilegales y la gente de Saravena no tiene nada que ver en eso. Nosotros estamos pagando el precio de sus peleas por droga. Ahora, mucha gente se está yendo del municipio porque realmente no hay garantías acá; como este atentado, puede haber muchos más en cualquier momento”.
A las voces de preocupación se sumó el Sistema Integral para la Paz, conformado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hizo un llamado urgente al Gobierno “a propiciar y/o facilitar diálogos humanitarios entre los actores armados inmersos en el recrudecimiento del conflicto en Arauca”.
En un comunicado señalaron que la situación “requiere una respuesta humanitaria que desincentive más ataques en contra de la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de este territorio”.
Las entidades señalaron que tienen reporte de que en los primeros 22 días del año, por cuenta de la confrontación, “se han presentado al menos 34 homicidios; se han recibido 269 declaraciones de desplazamiento forzado, con un aproximado de mil personas desplazadas; dos secuestros, confinamiento de comunidades indígenas, amenazas generalizadas a líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal –JAC–, y riesgos para las personas en proceso de reincorporación”.
La Defensoría del Pueblo confirmó el incremento del desplazamiento en la zona desde comienzos de año. Ese organismo señaló que desde 2019 había emitido la alerta temprana 029, en la que se advirtió explícitamente sobre la posible confrontación de estos actores armados. “La situación desborda las posibilidades de las autoridades y consuma cada vez más acciones de violencia en contra de la población”, advirtió la Defensoría.
La situación de riesgo de la población es tan preocupante, que llegó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se reunió el jueves en Nueva York para conocer el informe sobre la implementación del acuerdo de paz en el último trimestre del 2021. En la sesión, el representante ruso, Dmitry Polyanskiy, dijo que “alcanzar una paz estable en Colombia se facilitaría normalizando las relaciones con su país vecino”. También manifestó preocupación por la falta de información sobre avances en las negociaciones de paz con el ELN.
Precisamente, las dificultades en las relaciones con Venezuela no juegan a favor de los habitantes de la zona. En el vecino país, dijo el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, se consiguió el explosivo usado en el atentado y desde allí los jefes de las disidencias ordenaron el atentado.
La posibilidad de que esas redes ilegales se puedan refugiar en el territorio vecino, en donde no son perseguidos, facilita sus acciones ilegales. La Policía ha pedido circular roja de Interpol contra los jefes de esas organizaciones y ha insistido a las autoridades de Venezuela para que las hagan efectivas.
Toque de queda
La situación de orden público en la zona llevó a la realización de un consejo de seguridad con la presencia del ministro de Defensa y los altos mandos militares y de policía que llevó, entre otras medidas, a un toque de queda entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana en Arauca capital. Y en Fortul, Saravena y Arauquita, desde las 9:00 pm a las 4:00 am. Estas restricciones estarán vigentes hasta el 20 de febrero.
La comunidad afirma que en la zona ya se habían ordenado restricciones de la movilidad, pero por la amenaza de grupos ilegales. Allí habían denunciado hace algunos días que la población civil no podía salir de sus casas después de las seis de la tarde porque circularon amenazas de las disidencias de que quien incumpliera esa orden sería asesinado. Incluso, llegaron a mencionar que minarían algunos caminos.
Como parte de las medidas que ha adoptado el Gobierno desde comienzo de año, se incluyó trasladar a la zona dos batallones del Ejército y esta semana se dispuso la activación de un Mecanismo Antiterrorista (CI3-T) y un grupo de operaciones antiterrorismo, “a fin de liderar acciones enfocadas a la anticipación y contención de actos terroristas, en los principales corredores viales y cascos urbanos de los municipios priorizados”.
Además, se insistió en el pago de recompensas por información que permita la captura de los responsables de la violencia en la región.
Antonio y Pablito protagonizan la violencia
Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, es el jefe de las disidencias del frente 28 que operan en zona de frontera, que le declararon la guerra al ELN y por quien se ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos.
En 2002 ingresó al frente Antonio Nariño, que actuaba como brazo político de las extintas Farc en Bogotá. Y luego pasó a las filas de la columna móvil Bladimir Estiven del Bloque Oriental. En 2009 entró a la cárcel, en 2017 obtuvo la libertad y hasta se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ahora, el Ejército afirma que Medina está en Apure (Venezuela).
Del otro lado está Carlos Marín o Gustavo Giraldo, alias Pablito, uno de los jefes del ELN más buscados por las autoridades y por quien se ofrece una recompensa de 4.000 millones de pesos. Ingresó hace mas de 42 años al ELN en el frente Domingo Laín, el más beligerante de esa organización ilegal, que pasó a liderar en el 2000. Fue capturado en 2008, pero dos años después se fugó en un traslado y, en 2015, se anunció su llegada al Comando Central de la guerrilla. Tiene varias circulares rojas de Interpol, incluida una por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía.
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Con información de El Nacional