Mediante un comunicado, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) mostró su reacción frente a las normas pautadas por el Consejo Nacional Electoral para recolectar las firmas de los ciudadanos que podrían activar el referendo revocatorio (RR) contra el Presidente Nicolás Maduro.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE) levanta un muro que es imposible de saltar. Con los tiempos, términos y condiciones acordados el 21 de enero, sobre el procedimiento de recolección de manifestaciones de voluntad para tramitar una eventual solicitud de referendo revocatorio presidencial, se está violando de nuevo un derecho constitucional de los venezolanos”, esgrimen en el primer párrafo del texto.
A partir del pasado 10 de enero, mitad del período presidencial en curso, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) promovió una solicitud, basada en el artículo 72 constitucional, a la cual se sumaron otras dos organizaciones en calidad de adherentes.
Los observadores indican que más allá de las opiniones divergentes sobre el RR, o su pertinencia, “la obligación del CNE, como ente rector de un poder público nacional, es facilitar el ejercicio de este derecho consagrado en la Constitución, y no bloquearlo. El
Cronograma aprobado en el directorio, con dos votos salvados entre los cinco rectores principales, dificulta radicalmente la posibilidad de tan siquiera empezar a ejercer el derecho constitucional a revocar”.
Tiempo insuficiente
Explican que el CNE estableció que la jornada única de recepción de las manifestaciones de voluntad fuese el 26 de enero. “Esto es, apenas cinco días después de la decisión, lo cual resulta un tiempo insuficiente tanto para notificar oportunamente a los electores sobre los puntos de recepción como para nombrar y acreditar a los testigos ante esos centros”.
De acuerdo a las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular (Gaceta Electoral N°405, 2007), guía para el cronograma de 2022 realizado por el CNE, la recepción de manifestaciones de voluntad se puede realizar por un máximo de tres días, y el lapso para proponer los centros puede ser hasta de 15 días hábiles, tomando en cuenta las variantes geográficas y de población electoral.
Sin embargo, lo que acordó el CNE es que se habilitarán 1.200 centros en el territorio nacional, en horario comprendido de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. “Con base en lo que estable la Constitución, serían necesarias alrededor de 4,2 millones de firmas y huellas válidas en circunscripción nacional para activar un referendo revocatorio presidencial en 2022”.
De acuerdo a este diseño, “en promedio cada punto tendría que atender a cinco firmantes por minuto sin pausa durante 12 horas, disponiendo cada uno de los firmantes de 12 segundos, en promedio, para poner cuatro huellas dactilares y firmar en un cuaderno. Esta capacidad instalada implicaría el desplazamiento de electores entre municipios de su mismo estado, en un país con deficiencias de movilidad, acentuadas en tiempo de pandemia. Tenemos, en consecuencia, un número de puntos de recepción absolutamente insuficientes durante un lapso aprobado igualmente insuficiente”.
El comunicado indica que el CNE persiste en el error cometido en el anterior intento fallido de revocatorio de querer contabilizar las manifestaciones de voluntad por cada una de los estados del país. Si tan solo un estado no alcanzara el 20% de firmas de sus electores, se anularía automáticamente el proceso del revocatorio, con base en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016. Sin embargo, recuerdan que estamos ante una única circunscripción nacional por tratarse del cargo presidencial, con lo cual estaría el CNE violando una expresa disposición constitucional.
De igual manera consideran que se debe tomar en cuenta no solo el curso global y nacional de la pandemia de covid-19, sino también el aumento en registro reportado en los últimos días, por el gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria hace casi dos años. “Las condiciones de recolección de voluntades establecidas por el CNE para nada consideran las recomendaciones internacionales de estos tiempos en materia de salud pública”.
Desde el punto de vista de garantías técnicas, el cronograma aprobado para 2022 tampoco contempla las auditorías del Registro Electoral, de software de máquinas, de software de recepción, de producción de equipos y de resultados, a diferencia del cronograma del año 2016 que, en general, contemplaba ocho actividades más que ahora, explican los miembros del OEV.
El Observatorio Electoral Venezolano por último, recomendó a los actores nacionales a retomar las negociaciones con miras a acuerdos políticos inclusivos y estables que sustenten la agenda electoral futura de la nación.
Con información de El Universal