Por unanimidad y tan sólo sometiéndola a un mes de discusión en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el PSUV, fue aprobada la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 18 de enero, donde fueron modificados 10 artículos.
El más resaltante es el artículo 8, que establece que el Poder Judicial pasará de tener 32 a 20 magistrados. Para juristas, esta nueva ley no resuelve los problemas de fondo, como el retardo procesal, la violación de derechos humanos y la alta corrupción que existe en el sistema de justicia venezolano.
Su único interés es político, donde el control del Poder Judicial ahora será repartido entre el Ejecutivo Nacional y el Legislativo.
De las seis salas que tiene el máximo tribunal, la Sala Constitucional estará conformada a partir de ahora por cinco magistrados, y las demás: Sala de Casación Civil, Sala Penal, Sala de Casación Social, Sala Político-Administrativa y Sala Electoral, por tres magistrados cada una.
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirma que el oficialismo redujo el número de magistrados previendo la posibilidad que áreas sensibles del TSJ queden bajo la responsabilidad de magistrados opositores o independientes, como algún órgano que controle la dirección ejecutiva de la magistratura que lo supervise. “Lo que se quiere es evitar que la oposición tenga algo que ver con el gobierno del Poder Judicial”, resaltó.
El abogado penal, Willians Escalona Terán, sostiene que cada una de las modificaciones que se le hicieron a los 10 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no están orientados a resolver temas, como la alta corrupción que tiñe al sistema judicial venezolano.
Con información de El Nacional.