Informe de inteligencia revela cómo grupos armados colombianos usan a Venezuela para el tráfico de drogas
La guerra que se libra en territorio venezolano, en la frontera con Colombia, entre disidencias de las Farc y el ELN por el control de la zona ha tenido un impacto directo en la producción y el envío de cargamentos de droga para los carteles mexicanos, que introducen la cocaína en los mercados internacionales.
El Tiempo tuvo acceso a un informe de inteligencia documentado con agencias internacionales de seguridad que da cuenta de que desde hace dos meses no detectan vuelos ilegales, que tradicionalmente parten desde pistas clandestinas ubicadas en los estados de Zulia, Táchira y Apure, en Venezuela, con destino inicial a Centroamérica.
En el mismo informe reservado se señala que Henry Castellanos, ‘Romaña’, era el encargado de controlar las pistas en Apure, en inmediaciones de Elorza y Aguaverde, y que tras su muerte, el 7 de diciembre del año pasado, se frenó en seco la salida de las naves cargadas con coca. ‘Romaña’, un ex-Farc de la línea más violenta de la desaparecida guerrilla, habría sido asesinado por hombres de las disidencias bajo el mando de ‘Antonio Medina’.
Las agencias internacionales advierten que el enfrentamiento entre la ‘Segunda Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, que se alió con el ELN, y los hombres de ‘Medina’, de la línea de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, podría tener un efecto directo en la comercialización de la coca y en los precios al menudeo en las calles de ciudades de Estados Unidos, en donde un kilo del estupefaciente puede costar 40.000 dólares.
Al desabastecimiento que se estaría dando por el cierre de las pistas se suma que Colombia, a través de su Fuerza Pública, incautó 659 toneladas de cocaína en 2021 y tan solo esta semana, en tres operaciones, fueron incautadas 10 toneladas.
De acuerdo con el documento, el 20 por ciento de la cocaína que se produce en Colombia –unas 1.228 toneladas en 2020, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas– es enviada al exterior por vía aérea y el 80 por ciento restante, por vía marítima.
Según las autoridades, esos vuelos ilegales ya no salen desde Colombia, como ocurría en el pasado, cuando los carteles de la droga tenía flotillas completas de aviones que salían de pistas en territorio nacional cargadas de droga y volvían llenas de dinero.
Ahora esa operación se concentra en el otro lado de la frontera, en donde la corrupción y las alianzas de las autoridades, el gobierno y grupos ilegales ha creado un ambiente más favorable para ese tipo de operaciones.
Las agencias que realizaron el informe señalan que trabajan en casos conjuntos para judicializar a los responsables de las rutas que usa el narcotráfico para mover la coca; así mismo, que en 2021 se detectaron 135 trazas –vuelos ilegales que despegaron desde Venezuela–, en 2020 se registraron 219 vuelos y en 2019 habrían sido 253. La mayoría de las trazas fueron detectadas en horas de la noche.
“Es imposible precisar la cantidad de droga que se ha trasladado en ese lapso”, se lee en el informe, que además advierte sobre el riesgo que representa para la aviación comercial tener esas naves volando sin control.
El Tiempo consultó con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, sobre estos vuelos ilegales y la existencia del documento de varias agencias en las que se venía haciendo seguimiento al tema. El funcionario reconoció que “los informes de inteligencia señalan que en los últimos años las trazas de narcotráfico se han evidenciado saliendo de diferentes puntos de Venezuela a través de pistas clandestinas”.
El ministro ratificó que estas pistas están bajo el control de los “grupos armados y terroristas de Colombia, con el conocimiento y la connivencia del régimen bolivariano”.
De acuerdo con Molano, con base en información de inteligencia se conoce que el régimen “patrocina y apoya la presencia de grupos terroristas, que desarrollan acciones de narcotráfico y tienen hoy disputas de rentas del narcotráfico en ese país, y así se ha evidenciado en Arauca”. Para el jefe de la cartera castrense, los recursos del narcotráfico generan “destrucción, violencia y corrupción”.
Controles desde EE UU
Entre las razones que señala el informe para la disminución de los vuelos están los controles adelantados por las autoridades de Estados Unidos, que han ubicado y detectado aquellas empresas que venden sin mayor control aeronaves (viejas) a los carteles mexicanos. De hecho, estas se pueden comprar por internet.
“Adquieren los aviones, los pagan en efectivo y demoran el traspaso o el cambio de papeles. Esas aeronaves las compran emisarios de los carteles mexicanos en México o Estados Unidos y las envían a los grupos criminales colombianos asentados en Venezuela”, señala el documento.
Los pilotos, de preferencia mexicanos, además se vuelven garantes de la calidad de la droga y del peso embarcado. Esto porque a ellos se les paga por kilo transportado y puesto en tierra.
Cuando las autoridades de EE. UU. confirman –a través del intercambio de información entre los países– que determinada aeronave (identificada por matrícula y fotos) fue utilizada para actividades ilegales y que su proceso de venta no fue legalizado, abren procesos judiciales contra los representantes de las empresas, y muchas han sido cerradas.
De otro lado, con información de agentes y evidencia técnica se detectó que las pistas son construidas en zonas planas, como el sector de Elorza, donde adaptar el terreno para facilitar un despegue o aterrizaje no toma más de una semana.
Allí, señalan las agencias, ‘Romaña’ tenía un grupo de personas que modificaba los aviones que llegaban para facilitar el envío de la cocaína. “Les quitan las sillas, adaptaban conexiones y potenciaban los tanques de gasolina para lograr mayor rendimiento en los vuelos y distancia”, registran las agencias en su informe.
Carteles como ‘Jalisco Nueva Generación’, de Juárez y Sinaloa, hoy más conocido como cartel del Pacífico, prefieren los aviones tipo jet, que son monomotor, logran volar alto –aunque por ello pueden ser detectados por los radares– y rápido, y por su tamaño no requieren grandes pistas para aterrizar.
En ese tipo de aeronaves cargan hasta 500 kilos, aunque en mayo del año pasado, en una operación de interdicción aérea, se logró la incautación de una tonelada entera de cocaína cuando un avión tipo Hawker 800 (H25B) que despegó desde Venezuela y luego aterrizó en el área de Petén, en Guatemala, muy cerca de la frontera con México, fue interceptado por las autoridades.
La droga también la estaban moviendo en aviones más pequeños, que cargan hasta con 300 kilos y tienen la ventaja de que pueden volar bajo para no ser detectados por los radares, pero esto conlleva más tiempo de vuelo. Incluso se han detectado ultralivianos modificados para transportar hasta 50 kilos del alcaloide.
En el informe se indica que se rastrea a la persona encargada de las pistas para el Eln, y las sospechas recaen sobre Álvaro Padilla Tarazona, alias Mazamorro, uno de los mandos del frente ‘Domingo Laín’, que tiene línea directa con ‘Pablito’, uno de los miembros del Comando Central del Eln (Coce).
Por su lado, en las disidencias de ‘Antonio Medina’, el control del narcotráfico lo tendría alias Arturo, jefe del décimo frente, quien tendría como una de sus misiones lograr el control sobre algunos territorios para establecer pistas de aterrizaje.
Además, las autoridades tienen información del envío de emisarios de los carteles mexicanos para lograr una tregua entre las disidencias y el Eln, para reactivar el negocio y empezar a mover más de dos vuelos ilegales al día, con el fin de atender la demanda de los mercados internacionales.
La cocaína colombiana se transporta a territorio venezolano, señala el informe de las agencias internacionales, bajo dos modalidades.
La primera, que denominan ‘hormigueo’, es usada especialmente para ingresar droga desde Arauca. Esta consiste en enviar cargas de entre 10 y 20 kilos que se van almacenando hasta lograr la cantidad deseada.
La otra modalidad se registra en Norte de Santander, en la región de La Gabarra, que hoy en día es la mayor zona de concentración de matas de coca en el país –con más de 35.000 hectáreas, según Simci, a 2020–. Allí hay presencia del Eln y de las disidencias del frente 33, bajo el mando de ‘Jhon Mechas’, aliado de la ‘Segunda Marquetalia’.
Estas dos redes controlan los laboratorios para la producción del alcaloide, y aprovechando la porosidad de la frontera, pasan toneladas de coca al estado de Zulia, en donde la acopian y la envían a Centroamérica.
De Surinam y Brasil están enviando droga a África
En el documento se indica que entre las rutas y destinos más utilizados por estas redes de narcos para enviar la droga a sus socios mexicanos están: la República Dominicana y Haití, sobre todo este segundo país, en donde se considera que son casi nulos los controles de las autoridades. Además de Guatemala y Honduras, donde los cargamentos pueden ser reenviados por tierra hacia México.
Y se detectó una nueva ruta que tiene a Surinam y Brasil como países de paso para llegar a África. Este es un nuevo mercado al que buscan incursionar por su propia cuenta los de la ‘Segunda Marquetalia’, pues allí un kilo de droga supera los 30.000 dólares.
Más datos del informe
En el documento se insiste que la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln gozan de la protección del régimen de Nicolás Maduro y que le pagan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar su permanencia en la zona de frontera y obviar los registros de aeronavegabilidad.
Los vuelos pasan a pesar de que la Fuerza Aérea Venezolana cuenta con los radares más sofisticados en la actualidad, de fabricación China, que captan cualquier movimiento en su espacio aéreo.
De igual forma, se plantea la interferencia del llamado ‘cartel de los Soles’ en el cobro de dinero por cada movimiento de droga. En ese sentido, se indica en el documento que algunos aviones regresan a Venezuela cargados con millones de dólares del pago de los cargamentos. Y que solo las naves cuyos dueños no han pagado un porcentaje de entre el 10 y el 20 por ciento de la droga son interceptados, obligados a aterrizar y destruidos.
En el extenso informe se citan las declaraciones (abril de 2021) del general Richard López Vargas, quien fue comandante de la Guardia Nacional Venezolana, quien destacaba que 261 aeronaves ilegales habían sido neutralizadas desde 2011 en Venezuela, y cuestionan que esto es solo el 16 por ciento de las aeronaves que en realidad se detectaron.
Y recuerdan que el general López es señalado de integrar el ‘cartel de los Soles’ y que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE UU por actos de corrupción y narcotráfico.
Finalmente, se hace un recuento de otros balances más recientes, de funcionarios del gobierno de Venezuela que destacan la lucha contra el narcotráfico en ese país, pero que, dice el documento, son cortinas de humo para generar una nueva relación con EE. UU.
No obstante la reducción de los vuelos, las autoridades permanecen en alerta ante la posible firma de nuevos tratos a instancias de los carteles mexicanos y funcionarios del régimen, que hacen esfuerzos para detener la guerra entre las disidencias y el Eln y lograr la reactivación de esa millonaria ruta del narcotráfico.
Fuente: El Nacional