El gobierno nicaragüense expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, cuya entidad humanitaria permitía a familiares conocer la situación de salud de decenas de opositores presos. ‘Es una demostración irrefutable de que el régimen tiene cero tolerancia con cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos’, dijo HRW.
«El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua«, detalló María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central.
Un retiro de beneplácito implica la salida del país del funcionario, quien ya ha abandonado Nicaragua.
La expulsión del delegado del CICR ocurre días después de una decisión similar tomada contra el representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, «imponiéndole que dejara inmediatamente el país», hecho que la Santa Sede calificó de «grave».
Sucede también un día después de que el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, tildara de «dictadura» al gobierno de Ortega y denunciara las malas condiciones carcelarias en las que se encuentran decenas de «presos políticos» en su país.
Para Juan Pappier, investigador para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la expulsión del representante de la Cruz Roja es «una demostración irrefutable de que el régimen tiene cero tolerancia con cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos».
El año pasado fueron detenidos más de 40 críticos al gobierno, incluidos siete potenciales rivales electorales de Ortega, quien ganó las presidenciales de noviembre para un cuarto mandato consecutivo.
Los detenidos, la mayoría en una cárcel policial de Managua conocida como El Chipote, están acusados de «menoscabar la soberanía nacional».
Familiares de los opositores presos habían denunciado recientemente que el gobierno negó el ingreso en prisión del CICR para constatar su estado de salud, en calidad de organismo humanitario.
La Asociación de Familiares de Presos Políticos condenó la expulsión de Ess y valoró el apoyo de la institución que lideró, la que «ha tenido un papel importante» para los presos y sus familiares, «haciendo coordinaciones» para «constatar la situación de salud dentro de las cárceles».
La ONG señaló, que ante la falta de información de las autoridades sobre sus parientes detenidos, era a través del CICR que tenían «noticias específicas» sobre sus necesidades médicas.
Fuente: rfi