Embarazo infantil, drama silencioso en América Latina
Producto de un abuso sexual, el embarazo infantil amenaza la vida de la niña y su salud física y mental, limita la calidad de su existencia y su desarrollo normal, empuja a la pobreza y al abandono escolar y obliga a una participación temprana en el mercado laboral.
Aunque las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe contienen una estructura jurídica y social de apoyo a las víctimas, la realidad es que prolifera el abandono de las niñas y adolescentes y a sus hijas o hijos y persiste la impunidad para los violadores o agresores.
“Muchos países penalizan la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero estas medidas por sí mismas no solucionan la violencia estructural y la violencia sexual que ellas enfrentan”, explicó la abogada colombiana Cristina Rosero, asesora legal en Bogotá del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos.
“Lo mínimamente necesario es que, adicional a esas medidas, se establezcan protecciones en la provisión de la educación sexual de manera integral acorde a la capacidad evolutiva de las niñas y adolescentes y adecuada para que ellas puedan tomar decisiones de manera libre e informada”, dijo Rosero a EL UNIVERSAL.
“Esto pasa por adaptar los contenidos de la educación sexual para que ellas puedan identificar su cuerpo y los límites que no se pueden traspasar sin que haya abuso o violencia y que sepan que están en situación de abuso o violencia y acudan a un círculo seguro, de protección, en el que puedan ser rescatadas y haya canales adecuados de denuncia”, agregó.
Producto de un abuso sexual, el embarazo infantil amenaza la vida de la niña y su salud física y mental, limita la calidad de su existencia y su desarrollo normal, empuja a la pobreza y al abandono escolar y obliga a una participación temprana en el mercado laboral.
Aunque las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe contienen una estructura jurídica y social de apoyo a las víctimas, la realidad es que prolifera el abandono de las niñas y adolescentes y a sus hijas o hijos y persiste la impunidad para los violadores o agresores.
“Muchos países penalizan la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero estas medidas por sí mismas no solucionan la violencia estructural y la violencia sexual que ellas enfrentan”, explicó la abogada colombiana Cristina Rosero, asesora legal en Bogotá del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos.
“Lo mínimamente necesario es que, adicional a esas medidas, se establezcan protecciones en la provisión de la educación sexual de manera integral acorde a la capacidad evolutiva de las niñas y adolescentes y adecuada para que ellas puedan tomar decisiones de manera libre e informada”, dijo Rosero a EL UNIVERSAL.
“Esto pasa por adaptar los contenidos de la educación sexual para que ellas puedan identificar su cuerpo y los límites que no se pueden traspasar sin que haya abuso o violencia y que sepan que están en situación de abuso o violencia y acudan a un círculo seguro, de protección, en el que puedan ser rescatadas y haya canales adecuados de denuncia”, agregó.
“Una práctica normalizada”
Plan Internacional, organización mundial humanitaria no estatal sobre derechos de niñez y adolescencia, informó que el 34% de las menores de edad en Honduras contrae matrimonio antes de cumplir 18 años y que es una práctica “oculta y normalizada” que las expone a violencia machista y embarazos tempranos y las margina de la educación.
La agrupación detectó que, en 2019 y 2020, en Honduras se registraron 27 matrimonios infantiles y 416 uniones tempranas.
Citado por el periódico La Tribuna, de Tegucigalpa, el epidemiólogo hondureño Rafael Chacón, del (estatal) Hospital Leonardo Martínez, reveló que en 2022 fueron atendidos seis partos de niñas y adolescentes de 9 a 14 años en ese centro de salud de la norteña ciudad de San Pedro Sula y que en 2021 hubo 21.
“Esto es totalmente preocupante porque existen demasiados riesgos sociales para la madre, ya que en definitiva es una niña (…) que va a aprender a ser mamá siendo niña y eso es terrible”, advirtió Chacón.
Al destacar que son violaciones sexuales, explicó que ni con el consentimiento de los padres o de la niña debe permitirse el matrimonio infantil.
“El embarazo en niñas y adolescentes es una tragedia cotidiana que pasa inadvertida y silenciada en nuestras sociedades”, afirmó a este diario la filósofa salvadoreña Morena Herrera, con una maestría en relaciones de género y jerarca de la (no estatal) Asociación de Ciudadanos por la Descriminalización del Aborto, de San Salvador.
“América Latina es la región del mundo que tiene la segunda tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes. Alrededor del 18% de todos los nacimientos corresponde (a madres) que son niñas y adolescentes. Aunque en otras regiones este problema tiene tendencias de disminución, en América Latina permanece estable”, lamentó.
Basada en datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, precisó que El Salvador contabilizó en los últimos cinco años un promedio diario de 48 nacimientos de madres que son niñas y adolescentes. El Fondo anticipó que los partos de niñas de menos de 15 años seguirán aumentando al menos hasta 2030 en América Latina y el Caribe.
Maternidad impuesta
“Las hacen madres que viven embarazos forzados y maternidades impuestas en un fenómeno de responsabilidad pública y social. Las instancias públicas rechazan incorporar la educación integral en sexualidad al sistema educativo. Se mantiene la restricción de entrega de anticonceptivos a las adolescentes”, puntualizó.
“En Honduras se penaliza la pastilla de anticoncepción de emergencia. Hace falta una prevención eficaz de la violencia sexual en todas nuestras sociedades. En algunos países de Centroamérica persiste la penalización absoluta del aborto, lo que lleva a que se registren embarazos en niñas de hasta 9 años y ellas ni sus familias tampoco pueden hacer nada”, señaló.
Tras aseverar que “esto abre a las niñas el camino a la pobreza, les cierra oportunidades educativas”, relató que “las lleva a ocupar lugares laborales en el mercado informal con bajos ingresos”.
“Terminan en muchos casos en suicidios que tampoco son categorizados como suicidios feminicidas. El suicidio de adolescentes por embarazo en El Salvador es la primera causa de muerte materna en esa tasa de edad. No es casual que muchas niñas busquen este camino (del suicidio) ante el cierre de opciones”, reveló.
A consulta de este periódico, la filósofa estadounidense Victoria Ward, experta en salud pública y directora para América Latina y el Caribe de Save the Children, institución mundial no estatal de defensa de los derechos de la niñez, declaró que el embarazo adolescente “puede poner en riesgo la propia supervivencia” de las menores.
“Ellas tienen mayor riesgo de (…) complicaciones en el embarazo y (…) más probabilidad de tener un nacimiento prematuro. Esto es una problemática integral relacionada con la falta de oportunidades de desarrollo, educación, salud y protección”, alegó.
Las embarazadas a temprana edad se enfrentan a no concluir sus estudios, a menos opciones de bienestar financiero y a la limitación de su desarrollo personal, añadió.
Fuente: El Universal Online