La abogada salvadoreña Bertha María Deleón, crítica del Gobierno de Nayib Bukele y actualmente refugiada en México, denunció este miércoles en sus redes sociales el intento de la Interpol de llevarse a su hija por «orden de jueza» pese a su estatus en territorio mexicano.
«Este día ignorando mi condición de refugiada por razones políticas y por violencia de género, INTERPOL me ha interceptado y pretendían llevarse a mi hija por el orden de jueza», publicó Deleón en sus redes sociales.
Añadió: «No voy a entregar a mi hija para retornar a #elsalvador (El Salvador) donde corremos alto riesgo, voy a luchar y aferrarme al principio de no devolución que protege a todas las personas refugiadas».
Además, pidió apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados y al Instituto para las Mujeres en Migración(IMUMI) para «evitar esta injusticia y este grave abuso que está dañando a mi hija y a mi».
«El padre de mi hija está violentándonos y usando influencias indebidas para llevarse la niña y destruirme. La audiencia de restitución será hoy en el juzgado noveno interino de Ciudad de México. Los agentes no nos dejaron sacar ropa ni ningún documento», denunció la abogada.
Deleón afirmó en un largo mensaje colgado en Twitter a inicios de marzo que decidió «huir de El Salvador».
«Decidí huir de los abusos que me estaba tocando vivir en represalia al ejercicio de mi liberad de expresión, mi ejercicio profesional y mi activismo por los derechos de las mujeres», indicó.
Agregó que «decidí no regresar al país, sobre todo por la amenaza concreta de ser privada de libertad por acusaciones penales absurdas, varias provenientes de seguidores o personas allegadas a Nayib Bukele».
«Decidí no volver, porque desconfío del fiscal general (Rodolfo Delgado) impuesto por el Presidente y porque estoy consciente que si bien es cierto nuestro sistema de justicia históricamente ha sido frágil, desde el uno de mayo de 2021 no hay garantías judiciales mínimas y no existe independencia de poderes», subrayó.
En la referida fecha asumió el control del Congreso una nueva legislatura de amplia mayoría oficialista y su primera acción fue destituir al entonces fiscal Raúl Melara y los jueces constitucionalistas de la Corte Suprema.
Esto fue duramente criticado por la comunidad internacional y Estados Unidos señaló que los jueces sustitutos son «leales al órgano Ejecutivo».
En septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la jurista salvadoreña por considerar que afronta un «riesgo de daño irreparable a sus derechos».
Fuente: Agencia EFE