Informe de «Venezuela en Cifras» demuestra que el país no se arregló
Por segundo año consecutivo, la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza presenta su informe anual en el que reúne la data que refleja la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, así como la actualización de las cifras de la Emergencia Humanitaria Compleja. Pese a la narrativa que pretende dejar de lado la precaria situación que padecen los venezolanos, la economista Litsay Guerrero considera que “Venezuela sigue siendo un enfermo económico”.
“Lo preocupante es que las realidades de 2021 no han cambiado en 2022, son situaciones rutinarias muy evidentes pese a los esfuerzos por invisibilizarlas”.
Así lo afirmó Ángel Subero, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, concejal del municipio Libertador de Caracas y miembro del Observatorio Social Humanitario, en la presentación del informe Venezuela en Cifras, elaborado por la ONG Un Mundo Sin Mordaza por segundo año consecutivo, en el cual reúne la data anual en materia de servicios básicos, protestas, educación, salud, economía, migración, seguridad ciudadana y condiciones electorales en Venezuela como una muestra de la continuada vulneración de los derechos económicos y sociales a la población.
Se trata de una herramienta de consulta pensada en el ciudadano común, estudiantes e investigadores a fin de que en un solo documento puedan acceder a las estadísticas que les permitan conocer las dimensiones de la Emergencia Humanitaria Compleja y la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2021 con un alto contenido infográfico y de ilustraciones en sus 50 páginas para mejor comprensión de la data.
Wandy Guaicara, activista de la organización, quien estuvo a cargo de la presentación, explicó que llevar adelante la labor de investigación fue un gran desafío debido a la opacidad en el acceso a la información en Venezuela y los pocos datos oficiales y actualizados que las instituciones públicas ofrecen que por consiguiente entorpecen el acceso a la libre información.
“Es por ello que nos apoyamos en organizaciones de la sociedad civil y otros aliados que sirvieron como fuente para la elaboración y consolidación de este informe, entre ellos Ecoanalítica, Human Rights Watch, el Observatorio Venezolano de Finanzas, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, entre otros”.
Diego Ponce de León, miembro del departamento legal de Un Mundo Sin Mordaza, facilitó algunas cifras del informe, entre las cuales destacó que respecto al tema migratorio el número de venezolanos refugiados y migrantes en 2021 fue de 6.038.937 personas que en su mayoría están en América Latina y el Caribe. Colombia sigue siendo el país con mayor cantidad de venezolanos, al albergar a 1.842.390.
Afirmó que durante el año 2021, la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela continuó agravándose y afectando la calidad de vida de los venezolanos. Aunado a esto, la pandemia del COVID-19 profundizó la situación y aceleró las carencias y necesidades preexistentes en medio de un año electoral, el inicio tardío de un accidentado plan de vacunación y leves mejoras en las tendencias económicas.
Precisó que en cuanto a las condiciones del sector salud, 85% de los centros hospitalarios no tiene agua ni cuentan con recursos como implementos de limpieza, elementos de bioseguridad para proteger a los pacientes, médicos y equipos de salud contra el COVID-19; y por lo menos 66.002 personas se contagiaron de malaria y otras 28.705 de dengue, el mismo año en que a Venezuela llegaban con retraso las vacunas contra el coronavirus y la población padecía la desinformación en torno a los planes de vacunación y la transparencia en la adquisición de las vacunas.
Pese a la narrativa de que “Venezuela se arregló” 76,6% de los venezolanos estaba en pobreza extrema en 2021; más de 67% de los encuestados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos aseguró que el agua que recibe tiene color turbio; 70% considera que no es apta para el consumo humano el agua que reciben en sus casas; 60% no tienen conexión ABA de internet; se reportaron 294.324 fallas eléctricas en todo el país.
Estos y otros motivos causaron descontento social que llevaron a la población a manifestar pese a las restricciones por la Covid-19 y al temor a la represión; de esa manera se registraron 6.560 protestas, 75% en exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, y 25% derechos civiles y políticos. Por lo menos 107 de estos actos fueron reprimidos, causando heridas a 10 personas, 32 detenciones y una persona muerta. En el estado Lara fue donde más manifestaciones fueron reprimidas, con un total de 17.
La cobertura de estos hechos y de otros que dejaron en evidencia la crisis institucional, la vulneración de derechos y libertades, la falta de justicia y el deterioro de la democracia conllevaron a su vez al cercenamiento de la libertad de expresión e información: se registraron 151 casos que implicaron 292 denuncias; 41 eventos en los que hubo detenciones arbitrarias contra 20 periodistas y 21 ciudadanos; así como 87 actos de hostigamiento y/o acoso contra trabajadores de la prensa o ciudadanos.
Economía con muletas
Litsay Guerrero, economista egresada de la Universidad de Carabobo, con postgrado en Derecho Internacional Económico y Derecho de Integración de la Universidad Central de Venezuela, explicó que durante 2021 no se registró una compatibilidad entre los índices de pobreza y la reducción de la inflación. “La precaria situación de la economía venezolana se comprueba con los 265 sueldos mínimos necesarios para la canasta básica. El número de empresas privadas que realizan labores en nuestro país se ha visto disminuido por las condiciones complejas en las cuales operan. El informe Venezuela en cifras nos muestra un año 2021 con una desaceleración mensual de la inflación, lo que se traduce en una estabilidad, pero esto no quiere decir que todos los factores que influyen en la crisis económica hayan sido corregidos”.
Aseveró que el problema de la inflación en Venezuela continúa, aunque no esté en la escala de hiperinflación. “El crecimiento de los precios se mantiene. Ecoanalítica realizó unos cálculos y para el cierre de 2022 se espera que la inflación cierre en aproximadamente 200%, mientras que estudios de otras consultoras calculan que la inflación puede llegar a 500%. De allí que un aspecto que debemos resaltar del informe en cuanto al área económica son los datos de la pobreza. Los niveles de pobreza registrados por la Encuesta ENCOVI afirman que en Venezuela la pobreza se ubicó en 94,5% y la pobreza extrema alcanzó un 76,6%, lo que comprueba que se mantiene una amplia desigualdad”.
“En Venezuela no se ha realizado una modificación estructural ni se han implementado políticas públicas sólidas que permitan corregir los aspectos necesarios para que la economía sea sostenible y pueda permear a la sociedad. Debemos tener presente que parece que se arreglará, pero que sigue presentando problemas que perjudican a la sociedad hasta que no se tomen verdaderas medidas para contrarrestar la situación”, finalizó.
Crisis de servicios continuada
Por su parte, Ángel Subero, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, concejal del municipio Libertador de Caracas y miembro del Observatorio Social Humanitario, comentó que el informe Venezuela en cifras permite visibilizar el trabajo de documentación que realizan las organizaciones y centros de investigación con grandes dificultades pese al oscurantismo informativo oficial.
Señaló que las dificultades con el combustible de 2021 persisten en 2022, al punto que su organización ha identificado, a través de un monitoreo comunitario que realiza su organización, que 93% de los ciudadanos consultados reporta algún tipo de inconveniente para surtir gasolina y 82% afirma que hace colas de entre 1 y hasta 12 horas en las estaciones de servicio.
Comentó que uno de los servicios más críticos es el del agua, cuyas fallas son tanto de suministro como de calidad, lo que incide en la salud de la población; según reportes del Observatorio Social Humanitario más de 80% de las personas consultadas en las comunidades asegura que el servicio es deficiente y el agua de color turbio, una situación que se mantiene en 2022, incluso en la red de hospitales públicos donde las deficiencias en este servicio alcanzan 85%. Mencionó también la gravedad del acceso al gas doméstico en comunidades que tienen acceso al servicio cada tres meses.
“Es importante entender que las fallas de los servicios afectan de manera trasversal el acceso a otros servicios, así como el ejercicio de algunos derechos humanos y la calidad de vida de la población; si hay cortes de luz no funcionan las bombas de agua, no hay acceso a internet y fallan las comunicaciones; si no hay agua los hospitales deben dejar de prestar ciertos servicios y las personas no pueden preparar sus alimentos, entre otros problemas; la falta de combustible afecta la disponibilidad de ambulancias, el traslado de alimentos y otras actividades. Lo preocupante es que eso no ha cambiado en 2022, son situaciones rutinarias muy evidentes pese a los esfuerzos por invisibilizarlas”.
Ante la posibilidad de que sea aprobada la Ley de Cooperación Internacional que regularía y crearía severos controles a las organizaciones no gubernamentales, los representantes de Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio Social Humanitario afirmaron que continuarán con su labor de documentación, denuncia y difusión de las situaciones que vulneran los derechos humanos e inciden en la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.
LEA EL INFORME AQUÍ https://sinmordaza.org/wp-content/uploads/2022/06/Un-Mundo-Sin-Mordaza-Venezuela-en-Cifras-2021.pdf
Con información de Nota de prensa / DCN