Cuñada de Pedro Castillo se entrega voluntariamente a la fiscalía Peruana

La cuñada del presidente peruano, Yenifer Paredes, llegó por su cuenta a la Fiscalía de la Nación este miércoles. Su entrega voluntaria se da un día tras la expedición de una orden de detención en su contra y después de que las autoridades del país no la encontraran en el Palacio de Gobierno. Más temprano, Pedro Castillo había denunciado un «‘show’ mediático» en contra de su familia. 

Los reflectores de Perú apuntaban a Yenifer Paredes, la cuñada del presidente peruano Pedro Castillo. Las autoridades del país andino desconocían su paradero. La buscaban después de recibir una orden de detención en su contra en la tarde del martes 9 de agosto.

Pero este miércoles, otro capítulo de la constante crisis que toca al mandatario se abrió luego de la entrega voluntaria de su cuñada en las oficinas del Ministerio Público de la Nación.

Según medios locales, Paredes se encuentra en la sede de la Fiscalía peruana en estos momentos.

“En este momento dentro de su edad, su coraje y valentía se encuentra en la Fiscalía para apersonarse y entregarse a la fiscal”, señaló José Dionisio, el abogado de Paredes a ‘RPP’.

Dionisio no dio detalles de las razones por las que no fue encontrada por las autoridades del país que ingresaron en su búsqueda al Palacio de Gobierno el martes.

“La hija adoptiva de Pedro Castillo”. Así se le conoce a Paredes en Perú. Fue criada por la pareja presidencial tal como sus otros hijos y aunque suelen ser pocas sus apariciones en público, hizo presencia durante la campaña presidencial.

Paredes estudió Administración en la Universidad Nacional de Cajamarca y ahora parece ser uno de los puntos cruciales para desenmarañar una parte de los escándalos que rodean a Castillo.

La detención de Paredes pone en la cuerda floja al mandatario peruano. Se le acusa de ser testaferro de una red de corrupción que encabezaría el presidente.

Una investigación que se derivó de un reportaje publicado por ‘América Televisión’ en donde la joven le informaba a miembros de una comunidad del distrito de Chota, Cajamarca, noroccidente de Perú, que debía censarlos para construir una obra de saneamiento. Sin embargo, Paredes no tenía un cargo en el Gobierno, por lo que se le acusa de tráfico de influencias.

“Es para mí, para mis compañeros muy gratificante estar hoy con ustedes (…) El perfil ya está aprobado, de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito”, afirma Paredes en dicha grabación, quien porta un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SA, una empresa que en octubre del 2021 ganó un contrato con el Estado por más de tres millones de soles (cerca de siete mil dólares).

El dueño de la empresa, Hugo Espino, y su hermana Anggi Espino también están siendo investigados y fueron detenidos por la Policía peruana el martes.

Las acusaciones contra Paredes no son nuevas. De hecho, ella y la primera dama declararon en la sede del Ministerio Público en julio de 2022. Allí, la cuñada del mandatario negó haber facilitado los contratos que obtuvo Espino, pero dijo haber trabajado en su compañía.

Sin embargo, este no es el único punto que toca a Paredes. Un equipo especial de la Fiscalía en investigar temas contra la corrupción, encabezado por Marita Barreto, se encuentra indagando si Paredes ha incurrido en el crimen de lavado de activos.

Según medios locales, los hermanos de la primera dama, David y Walther Paredes, hicieron una transferencia de 90 mil soles a los hermanos Espino Lucana. Pero el abogado de Hugo Espino, Juan Ramos, aseguró que se trató de “una operación transparente y bancarizada”.

Poco tiempo antes de que Paredes se entregara a las autoridades, la fiscal de la nación de Perú, Patricia Benavides, denunció que ha recibido ataques y amenazas.

«He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar y obstaculizar las investigaciones fiscales», aseguró Benavides. Añadió: «Desde el inicio de mi gestión, hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese”.

Además, pareció responderle al presidente, quien ha señalado que las decisiones del organismo responden a intereses políticos. Así, Benavides afirmó que sus acciones “se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución».

Con informacion de La Verdad.