Rechazamos la decisión írrita contra los luchadores sociales
Este 26 de septiembre pasará a la historia como el día de la saña y la mentira. Nuevamente el sistema de justicia venezolano comete una aberración jurídica, cuando hace caso omiso de los alegatos de los abogados defensores de los 6 sindicalistas y luchadores sociales, de los cuales 4 son dirigentes políticos del partido Bandera Roja.
La defensa demostró los errores jurídicos, así como la imposibilidad de que los acusados cometiesen los delitos por los cuales son acusados. El juez 4 de terrorismo, José Márquez, admitió la acusación de Elin León y Yaneth Espinoza, abogados de la Fiscalía 74 a la orden de Tarek William Saab, donde se les acusa de hechos supuestos, subjetivos, sin pruebas, de querer asaltar un alistamiento militar con 120 fusiles en Mérida, secuestrar a los padres de Tareck El Aissami y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro.
Esta decisión sobre hechos que nunca han sucedido, evidencia que los fiscales responden a una clara intencionalidad política. Si no hay pruebas ni nada que los inculpe, significa que solo son invenciones para justificar mantener a los 6 luchadores sociales en la cárcel. Una aberración jurídica donde se condena con base en creencias de lo que podía haber sido, según fiscales y jueces.
No es de extrañar que esto ocurra con los luchadores sociales, justo después que se conociera el informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, cuyo resultado es la confirmación de que desde las más altas esferas del poder se ordena torturar y perseguir a la disidencia. Se pretende tapar con la típica huida hacia adelante y se toman como chivos expiatorios a Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Emilio Negrín y Gabriel Blanco.
Ellos no están presos por delinquir, sino por luchar y defender los derechos humanos de la clase trabajadora y del pueblo en general.
Nunca se dicta sentencia sobre un hecho que no ha ocurrido. Mucho menos cuando no existen pruebas ni nada que inculpe a los acusados. Por esta razón los familiares y amigos de los secuestrados por la dictadura nos reservamos el derecho de ejercer acciones legales en contra de esta perversión. Asimismo, mantendremos las protestas para denunciar, que el sistema de justicia venezolano responde a intereses que nada tienen que ver con las leyes ni la constitución.
Hacemos responsable a Nicolás Maduro y a Tarek Williams Saab de cualquier daño que puedan sufrir los luchadores sociales Alcides, Néstor, Alonso, Reynaldo, Gabriel y Emilio, mientras estén bajo su custodia.
Nota de prensa / DCN