Es al menos la segunda objeción legal esta semana a la vasta propuesta de Biden a finales de agosto de cancelar hasta 20.000 dólares en deuda estudiantil para un enorme número de personas. El anuncio, luego de meses de deliberaciones internas y presiones de activistas liberales, se volvió inmediatamente el centro de debates políticos de cara a las elecciones intermedias de noviembre al tiempo que alimentó argumentos de los conservadores sobre su legalidad.
En la demanda presentada del jueves en un tribunal federal en Missouri, los estados republicanos dicen que el plan de cancelación de deuda de Biden “no está ni remotamente diseñado para lidiar con los efectos de la pandemia sobre los receptores de préstanos estudiantiles, como lo requiere la ley federal del 2003 que el gobierno está usando como justificación legal».
Señalan que Biden, en una entrevista este mes con el programa televisivo “60 Minutes” de la CBS, declaró concluida la pandemia de COVID-19, pero sigue usando la emergencia de salud para justificar el perdón de la deuda.
“Es claramente injusto endilgar a los estadounidenses trabajadores la deuda de aquellos que decidieron estudiar en la universidad”, dijo la fiscal general de Arkansas Leslie Ruthledge, que encabeza el grupo, en una entrevista. Añadió que “el Departamento de Educación tiene requerido bajo la ley colectar el saldo debido sobre los préstamos. Y el presidente Biden no tiene la autoridad para anular eso”.
Los estados de Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur se sumaron a Arkansas en la demanda.
Iowa tiene un fiscal general demócrata, pero la gobernadora republicana, Kim Reynolds, la firmó a nombre del estado.