Acribillan ayuntamiento del sur de México; hay 20 muertos
Después de que un cartel local acribillara el ayuntamiento de una localidad del sur de México mientras estaban reunidos sus funcionarios, matando a 20 personas, San Miguel Totolapan parecía el jueves un pueblo sin gente.
Sólo los integrantes de los cortejos fúnebres transitaban por sus calles bajo la atenta mirada de decenas de militares que blindaron la localidad tras la matanza del día anterior.
Mientras, muchos vecinos observaban temerosos a través de las ventanas un nuevo ejercicio de poder del crimen organizado en esa zona de producción y tránsito de drogas, una de las más violentas de México.
El Consejo de Seguridad del estado de Guerrero, donde se ubica Totolapan, dijo que los pistoleros abrieron fuego cuando se llevaba a cabo una reunión municipal.
Las autoridades confirmaron que entre las víctimas se encontraban el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exalcalde Juan Mendoza Acosta. Se cree que las demás eran funcionarios locales.
Las familias afectadas iniciaron los entierros de sus seres queridos a la mañana del jueves, al tiempo que circulaba en redes sociales un video en el que los asesinos, que se identificaron como la banda Los Tequileros, se declaraban responsables de la masacre. Otras grabaciones mostraban cómo los atacantes habían bloqueado los accesos a la localidad para retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad.
El subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía, indicó que Los Tequileros combaten al cartel de la Familia Michoacana y que se está verificando la autenticidad del video.
“El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos”, dijo Mejía. “En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como Los Tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región».
Totolapan, un municipio extenso pero con poco más de 50.00 habitantes en una zona conocida como “tierra caliente” que se extiende entre los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, fue controlado durante años por el narco Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”.
En su única aparición pública conocida, Almonte aparece en un video en 2015 bebiendo con Mendoza padre, entonces alcalde electo. No estaba claro si Mendoza estaba allí por propia voluntad o por la fuerza. En ese video, Almonte parecía estar tan borracho que sus balbuceos eran ininteligibles y uno de sus secuaces lo sostenía para que no cayera de su silla.
En 2016 los habitantes de Totolapan, hartos de los secuestros de Los Tequileros, retuvieron a la madre del jefe de ese grupo criminal para obligar a liberar a los rehenes.
Durante mucho tiempo Los Tequileros se dedicaron al tráfico de goma de opio que se extrae de los cultivos de amapola de la zona, una de las fuentes de trabajo de muchas comunidades muy pobres de estas montañas de difícil acceso donde proliferan las explotaciones mineras de oro, entre otros metales. Ahora el consumo creciente de fentanilo, un opioide sintético, ha hecho de la amapola un negocio mucho menos rentable.
El miércoles, en un suceso en una región cercana pero sin conexión con el ataque de Totolapan, una legisladora estatal de Morelos fue abatida a tiros en Cuernavaca, al sur de la Ciudad de México.
Dos hombres en motocicleta mataron a la diputada Gabriela Marín cuando salía de un vehículo frente a una farmacia.
“No se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político”, dijo Mejía acerca del ataque en el que, según la prensa local, hubo también un herido. Sánchez había asumido su escaño en julio tras fallecer otro legislador «y hubo diferentes litigios conforme a este hecho de asumir la diputación”, explicó el funcionario.
Estos dos crímenes elevaron a 18 el número de alcaldes asesinados durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y a ocho el de diputados estatales, según datos de Etellekt Consultores.
Los hechos tuvieron lugar justo cuando el Congreso debate el proyecto del presidente de extender las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas hasta 2028 y se han multiplicado las críticas al Ejecutivo por una creciente militarización del país.
Suceden también cuando la estrategia de seguridad de López Obrador es objeto de intensos debates por la falta de resultados. El mandatario ha encomendado a los militares toda la responsabilidad para frenar la violencia en lugar de apostar por el refuerzo de una policía civil y ha atribuido la persistente inseguridad a fallas de los gobiernos anteriores.
“Son organizaciones (delictivas) que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno”, dijo López Obrador. “Todavía hay poblaciones (en Tierra Caliente) que protegen a estos grupos, incluso que votan para que actúen como autoridad”.
Con información de LA Times