El Gobierno boliviano aguarda «expectante» la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la controversia con Chile por la naturaleza de las aguas del Silala, anunciado para este 1 de diciembre.
«Estamos expectantes de lo que vaya a suceder. Una vez que se conozca, emitiremos de manera responsable nuestra opinión como Gobierno nacional», dijo a los medios la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La autoridad señaló que una delegación del Ministerio de Exteriores de Bolivia se ha trasladado a la ciudad neerlandesa «para hacer seguimiento y poder conocer lo que se va a terminar en la corte».
La representación boliviana estará liderada por el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, indicó por su parte la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
También estarán el embajador boliviano en Países Bajos y agente del país ante la CIJ en esta disputa, Roberto Calzadilla, y el equipo de profesionales contratados por Bolivia para el proceso.
Alcón recordó que durante el Gobierno de Luis Arce se retomó el trabajo previo realizado en torno al litigio y se continuó la labor «de manera muy responsable como corresponde».
Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que impida el flujo de las aguas hacia su territorio, al argumentar que el Silala es un río internacional entre ambos países.
Bolivia contestó en 2018 con tres contrademandas al considerar que las aguas eran originalmente unos manantiales nacidos en su territorio, pero que fueron canalizadas hacia la frontera por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920.
El Silala nace en Bolivia y cruza la frontera hasta desembocar en otro cauce en Chile, pero su uso y estatus han erosionado las relaciones entre ambos en los últimos veinte años.
Relaciones ya deterioradas a causa de la centenaria reclamación marítima boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra a fines del siglo XIX que también llegó a la corte de La Haya.
Bolivia ya tiene un fallo adverso en otra controversia con Chile, la planteada en 2013 por el entonces Gobierno de Evo Morales ante la CIJ para que se obligue a Chile a negociar en firme la reclamación marítima.
En 2018, el tribunal determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.
Con información de Agencia EFE