El Tribunal Constitucional español debate si impide una votación parlamentaria
El Tribunal Constitucional español está reunido este lunes, en una sesión sin precedentes, para decidir si suspende o no la tramitación parlamentaria de una norma que cambiaría parte de su propio funcionamiento, en medio de una fuerte tensión política entre el Gobierno de izquierdas, que propicia esos cambios, y la oposición conservadora.
Los partidos que apoyan al Gobierno, socialistas y Unidas Podemos (izquierda), aprobaron la pasada semana en el Congreso cambiar la mayoría con la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elige a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden, con lo que ya no haría falta una mayoría reforzada y, además, suprime la necesidad del plácet del propio Constitucional para los nuevos miembros.
El Gobierno de Pedro Sánchez trata de sortear así el bloqueo que desde hace cuatro años ha provocado el PP con su negativa a negociar la renovación del CGPJ, algo que para los socialistas supone un «incumplimiento de la Constitución española».
Las reformas, que afectan directamente al funcionamiento del TC, se aprobaron de forma urgente en el Congreso y mediante una enmienda introducida en otra ley que no tenía nada que ver con la reforma judicial, una práctica en la que han incurrido gobiernos de distinto signo.
Esto provocó un fuerte debate en la Cámara Baja y el PP presentó un recurso ante el TC, en el que pedía que éste, de forma cautelarísima, impidiera la votación parlamentaria, algo sin precedentes en la historia democrática española.
Después de horas de tensión y de otros recursos del partido socialista y de Unidas Podemos en sentido contrario, pidiendo que se defienda el derecho de los diputados y senadores a debatir y aprobar leyes, el TC, que aplazó su decisión la semana pasada, se enfrenta este lunes a un pleno decisivo, que ha enfrentado a los diferentes poderes del Estado.
El Tribunal Constitucional (TC), considerado como el tribunal de garantías y el máximo intérprete de la Carta Magna, está compuesto por doce miembros, tres elegidos por el Congreso, tres por el Senado, dos por el Gobierno y otros dos por Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces.
El pasado mes de junio finalizó el mandato de los magistrados nombrados por el Gobierno y por el Poder Judicial, pero no se han renovado debido a la falta de acuerdo en el seno del CGPJ.
Hasta hace poco, el Gobierno estuvo esperando a nombrar sus magistrados para hacerlo a la vez que el CGPJ, pero el pasado mes ya anunció a sus dos candidatos, pendientes de que el TC se pronuncie, por lo que en estos momentos hay cuatro magistrados con su mandato caducado, entre ellos, su propio presidente.
Con información de Agencia EFE