Director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo prevé un crecimiento desarticulado y desigual en recesión

El año 2023 se presenta para Venezuela como un año de “crecimiento desarticulado y desigual en recesión”, advierte el economista Dilio Hernández, quien como director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) ofrece las perspectivas económicas para este recién iniciado año, que señala como desarticulado, porque continuará centrado en el sector terciario de la economía, y muy débil en los sectores primario y secundario.

Y desigual, explica, porque agudizará la brecha entre 10 % de la población más rica que se beneficia de 90 % del ingreso, mientras 90 % de la población, 65 % de la cual vive en condiciones de pobreza extrema, apenas puede subsistir con menos de 10 % del ingreso nacional.

“Es una economía fraccionada, articulada al modelo político rentista que ha construido su propia burguesía, vinculada al capital privado del comercio importador y de servicios de productos terminados, los capitales externos producto de la corrupción chavista y la aparcería petrolera que sustenta y reproduce al régimen”.

Indica el especialista que en este contexto, el comportamiento de los principales indicadores retrospectivos de la economía continuará dependiendo de varios factores: Uno, la recuperación de la imagen internacional del país como actor político confiable tanto desde el punto de vista institucional y jurídico como económico, que le permita acceso al financiamiento internacional y la eliminación de las sanciones comerciales.

En segundo lugar, la reactivación real de la industria petrolera, tanto en producción como comercialización y financiamiento. Y en tercer lugar, una política macroeconómica coherente y realista, que termine de romper con el populismo rentista clientelar y permita reducir los desequilibrios económicos, regionales, sectoriales y las desigualdades sociales desarrollados en las dos primeras décadas del milenio.

El Producto Interno Bruto, PIB, mantendrá su frágil crecimiento en la pendiente recesiva por segundo año consecutivo, con estimaciones de entre 5 y 7 %, que determina el comportamiento de los precios del petróleo.

—Un débil crecimiento del sector privado en renglones claves como el agropecuario e industrial, los cuales continuaran afectados por la escasez de financiamiento, la crisis del transporte, baja demanda interna, altos costos de insumos importados, dolarización de salarios y la competencia desigual con el sector importador oficialista.

La producción petrolera pudiera alcanzar el millón de barriles diarios, de concretarse las operaciones de transnacionales como Chevron, que pudieran elevar en 20 % la producción, con lo cual el ingreso petrolero real podría alcanzar alrededor de 12 mil millones de dólares, si los precios de los marcadores se mantienen sobre 60 $, mientras que el sector no petrolero podría aportar entre 700 y 1.000 millones adicionales.

La inflación acumulada anual seguirá dependiendo de tres componentes básicos: La disminución del financiamiento del BCV al gasto público, vía creación de dinero inorgánico incluido el financiamiento interno de PDVSA, meta difícil de alcanzar en año electoral y la baja capacidad de financiamiento público, interno y externo.

Dos, la reducción del gasto público y mantenimiento de salarios pauperizados en el sector público para contraer la demanda sin afectar el entorno electoral. Y tres, el impacto de la desmonetización impulsada por la dolarización de facto, la restricción del crédito bancario por el alto encaje legal, y la devaluación del bolívar como política fiscal.

Si no hay variaciones importantes en estas variables, la inflación acumulada anual podría ubicarse entre 200 y 250 %, con una inflación en dólares de entre 100 y 120 %. El déficit fiscal mostrará una tendencia a crecer presionado por las demandas salariales del sector público y el gasto social del año electoral para colocarlo sobre 10 % del PIB.

El empleo seguirá debilitado, en el sector público y en el privado, en el primer caso, como consecuencia de los bajos salarios que han reducido la nómina estatal, la caída del gasto público y la inversión social, y en el segundo por la baja inversión tanto interna como externa en los sectores claves, primario y secundario, como la agroindustria, la industria y la construcción.

La tasa de desocupación se mantendrá alrededor de 50 % de la Población Económicamente Activa, PEA, elevando el nivel de informalidad a más de 75 %. El mercado laboral seguirá afectado por la alta emigración de la población entre 15 y 50 años (60 % de la emigración) disminuyendo la oferta laboral en ambos sectores, presionados por el bajo poder adquisitivo del salario mínimo en un entorno de alta inflación. El salario público podría llegar a 50 $ como meta electoral y 200 $ en el privado, lejos del promedio en la región sudamericana: 300 $ al mes.

La Balanza de Pagos (BP) mostrará pocas variaciones en su tendencia negativa de los últimos años. La cuenta corriente, romperá su saldo negativo de los últimos 3 años. Las exportaciones petroleras favorecidas por los precios del crudo referencial de Venezuela podrán mantenerse en entre 50 y 60 $, de continuar el conflicto bélico ruso-ucraniano, y el repunte de la producción aportará unos 200.000 barriles diarios e ingresos adicionales anuales entre 3.500 y 4.500 millones de $, con lo cual las exportaciones petroleras podrían alcanzar unos 12.500 millones de dólares y las no tradicionales entre 700 y 1.000 millones.

Las importaciones mantendrán su tendencia alcista del último semestre 2022 y podrían alcanzar entre 7 mil y 7.500 millones de $, con lo cual la balanza comercial volvería a saldos positivos. La cuenta de servicios mantendrá su histórico saldo negativo con un promedio superior a 10.000 millones de dólares, agravado por el incumplimiento de los pagos del servicio de la deuda externa.

Las reservas internacionales podrían alcanzar los 7 mil millones de $ si la producción petrolera se eleva entre 20 y 25 %. La tasa de cambio mostrará una tendencia alcista, pese a la intervención del BCV en el mercado de divisas para contenerla; la política monetaria restrictiva del crédito bancario se mantiene y la liquidez monetaria sigue manejándose como política fiscal para financiar el gasto público. A final de año se estima cerrará sobre 50 Bs/D.

Los indicadores prospectivos (rendimientos de bonos, bolsa, tasa de interés, ventas al menor, precios de la vivienda y mercado inmobiliario, entre otros) seguirán  dependiendo de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos, afectados por las expectativas políticas que no vislumbra grandes cambios para una salida real y creíble de la crisis de gobernabilidad, la percepción negativa de los actores internacionales, gobiernos, organismos internacionales e inversionistas, sobre la credibilidad de las instituciones, estabilidad política, seguridad jurídica de la inversión. En 2023 el mercado bursátil continuará creciendo tímidamente como alternativa de financiamiento ante la crisis económica a pesar del ingreso del sector público al mercado como oferente accionario.

El sector industrial y el agroindustrial continuarán dominando la participación con más de 50 %, y las Pymes tendrán un espacio de financiamiento alternativo ante la restricción del crédito bancario, incrementando su participación en el sector que beneficiará su crecimiento en el año. El sector inmobiliario mantendrá su débil crecimiento por la contracción de la construcción, cuya reactivación no será en el corto plazo.

Con informacion de La Nación.