El Gobierno brasileño espera que un 80 % de los cerca de 15.000 mineros ilegales que son acusados de causar una grave crisis humanitaria en la tierra indígena yanomami, dejen la zona esta semana, anunció este lunes el ministro de Justicia, Flávio Dino.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la retirada de los mineros ilegales de la región, después de declarar una emergencia sanitaria, por el grave estado de desnutrición y las enfermedades que padecen los indígenas, relacionadas con los materiales tóxicos usados en la extracción de oro.
La evacuación de los mineros está siendo monitorizada por los cuerpos de Policía Federal y de Carreteras, la Fuerza Nacional y cuenta con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
El ministro negó que el Gobierno vaya a apoyar a los mineros ilegales que han solicitado ayuda ofreciéndoles transporte, por tratarse de una «actividad delictiva».
«Permitiremos que esas personas salgan por sus propios medios, pero no habrá apoyo para esa retirada», afirmó el ministro en una rueda de prensa.
Dino recalcó que la salida de los mineros ilegales «no es un camino a la impunidad», porque las investigaciones «continuarán» para llevarlos a la Justicia, a algunos incluso por el delito de «genocidio», aunque reconoció que es una «situación política y social de alta complejidad» que requiere «planificación».
Otro de los objetivos del operativo, añadió el ministro, es «identificar» a las personas que «financian» la minería ilegal en esa región del país.
La declaración de Dino se da en momentos en que líderes del pueblo yanomami denunciaron ante las autoridades el asesinato el último fin de semana de tres miembros de la comunidad durante la salida de mineros ilegales de las regiones de Haxi y Waphuta.
En la vasta reserva, que ocupa unos 10 millones de hectáreas y tiene un perímetro de casi 3.400 kilómetros, viven entre 27.000 y 30.000 yanomamis y se calcula que en los últimos años se han asentado al menos 15.000 mineros ilegales.
Ese grupo de mineros ilegales aumentó alentado por las políticas impulsadas por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien promovió las actividades económicas en la selva amazónica, a pesar de que están prohibidas en tierras indígenas.
Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, visitó la región y declaró la emergencia sanitaria al encontrar miles de indígenas con cuadros graves de desnutrición, malaria y otras enfermedades.
Con información de EFE