Importación de aceite refinado mantiene en riesgo la producción y cultivo de la palma aceitera en el Sur del Lago

El cultivo de palma aceitera en el Sur del Lago es una de las mayores fuentes de ingreso a la economía del estado Zulia, pero hoy está en riesgo por el incremento de las importaciones de aceite refinado desde Colombia y Brasil.

En la región funcionan cinco empresas procesadoras para la extracción de la materia prima, el corozo. Actualmente, los almacenes de Grasas El Puerto, Aceites C.A., Palmeras Diana, Pacasa C.A. y Grupo San Simón están al máximo pero “el productor en cero”.

Según trabajadores del sector palmicultor, el gobierno de Nicolás Maduro importó más de 80 % de aceites y grasas e “inundaron el mercado hasta el punto de que hoy nuestro fruto, que representa un 20 %, se está perdiendo”.

“Tenemos los tanques full, Valencia no nos quiere comprar el producto porque también están al tope y no hay salida a los supermercados, sólo el importado”, expuso un trabajador de una de las empresas extractoras y que prefirió mantenerse bajo anonimato.

En el país hay 80.000 hectáreas de palma aceitera y el Zulia es el estado con mayor capacidad de producción. Desde Jesús María Semprún, pasando por Catatumbo y terminando entre Colón y zonas de la carretera Panamericana en Táchira, Mérida y Trujillo, toda la cosecha podría perder su vida útil.

El Consejo Comunal Palmeras Diana, presidido por el ingeniero Luis Urbina, aseguró estar consciente de la necesidad de importar, “ya que no cubrimos la demanda nacional, pero el Estado debe entender que la prioridad somos nosotros”.

Urbina señaló que la importación está obligando a que el productor no pueda entregar la fruta a las plantas extractoras y prevé que surja un alto índice de desempleo por la paralización de la cadena primaria.

“Solamente en Semprún hay 56 mil hectáreas sembradas y se generan, entre empleos directos e indirectos, más de cinco mil. Si el cultivo sigue desmejorando tendríamos que buscar otras actividades económicas (…) La palma es bondadosa y continúa haciendo su trabajo, pero qué haríamos si nadie nos la recibe”, lamentó.

Además, reportó que el costo de la tonelada de fruta fresca debería estar en el orden de los 300 dólares y sólo reciben 140 o 150, es decir, menos de la mitad.

Por su parte, Jorge Prado, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos (Confagan) en el Zulia, manifestó que es necesario recuperar ese precio que les dé sostenibilidad en el tiempo.

Enfatizó que los derivados de la materia prima del aceite y las grasas, como el nepe, que sirve para consumo animal, está por encima de los 170 dólares por tonelada.

“No es posible que un subproducto valga más que el propio aceite o el fruto de donde sale. Con cualquier producto que se ponga a la venta en los supermercados, como aceite 100 % de palma o aceite vegetal 40-60 % de palma, a nosotros se nos puede pagar el precio que solicitamos”, refirió Prado.

El gremialista aseveró que otra petición del sector es la instalación de una mesa técnica permanente, en Caracas, dondepuedan participar los productores del Sur del Lago, no solamente las industrias, “que ya reciben otras prebendas por parte del Gobierno”.

“Si tenemos unas 80 mil hectáreas bien mantenidas, y si podemos subir el porcentaje de producción de 6-8 a 15-20 toneladas, podemos dar un importante aporte al abastecimiento nacional”, argumentó.

Además, destacó que el Ejecutivo no está invirtiendo en la tierra ni ayudándolos a mantenerse en el mercado “y mucho menos en la colaboración para el fertilizante que es realmente costoso”.

Más de 50 productores de Colón y Semprún se reunieron en la entrada de Palmeras Diana el pasado miércoles 15 de marzo para elevar sus peticiones al Gobierno.

Consideran que es “ilógico” que la administración de Nicolás Maduro profese la importancia de la producción nacional y termine comprando el producto finalizado a otros países: “esto nos asfixia rápidamente”.

La realidad es preocupante, pues esta semana los palmicultores estuvieron varios días esperando que las empresas recibieran el fruto y comentaron que no tienen a quién venderle. Tal es el caso de Libido Urdaneta, un ganadero y palmero que tiene 90 hectáreas sembradas y sólo ve cómo se va perdiendo su cosecha.

“¿Qué vamos a hacer ahora si con las importaciones todo se complicó? Han abundado el mercado de aceite pero ¿dónde queda nuestra producción?”, se preguntó.

Exigió al Ejecutivo paralizar la importación del producto. “No contábamos con esto. Mantener una hectárea supera los mil dólares entre zafra, mano de obra, mantenimiento, ingeniería, sin meter los fertilizantes”, dijo Urdaneta.

A esta realidad se le suma el pago tardío del fruto cuando es recibido por las compañías. Trabajadores aseguran que les pagan el corozo “después de varias semanas”.

Asimismo, denuncian irregularidades en medio del proceso. “Hay personas frente a las plantas ofreciendo pagar de una vez el camión pero muy por debajo (del costo), hasta en 150 dólares por tonelada, cuando en realidad el precio debiera ser de 170 como está anclado al precio internacional”, advierten.

Pero la esperanza de recuperación del sector está viva en cada palmicultor.

Neisa Morán, una joven de 23 años que recolecta las semillas que se desgranan del corozo en Catatumbo, expresó que, de perder su trabajo, “no sabría qué hacer”.

“Esta zona no tiene otra fuente de empleo seguro”, sollozó.

Con información de Versión Final.