Partido político Voluntad Popular enfrenta una crisis de renuncia masiva de activistas y dirigentes en Táchira

Un nutrido grupo de militantes de Voluntad Popular del estado Táchira remitió una carta a la Dirección Nacional de esta tolda política, donde manifestaron su decisión de renunciar al partido, tras denunciar lo que ellos consideran una serie de irregularidades ocurridas en el seno de esa agrupación opositora en esa entidad.

Desde ese estado andino, Luis Useche Díaz, miembro del equipo nacional; Wilmer Mora, Elvia Moncada, diputados, y Nelly Pulido de Álvarez, los tres, miembros del equipo regional; María Eugenia Quiroz, coordinadora regional de redes, y Juan José Jaimes, coordinador regional de movimientos, junto a otros 247 integrantes de Voluntad Popular-Táchira, señalaron en la misiva que en 2021 tuvieron que soportar «la traición de la mayoría de los integrantes del Equipo Regional a la línea del partido».

En la comunicación dirigida a Leopoldo López, responsable nacional, y Freddy Superlano, coordinador político nacional de Voluntad Popular, aseveraron que el Equipo Nacional de Activistas (ENA) «no ejercicio sus potestades disciplinarias a tiempo, sino cuando ya estaba ‘el ojo afuera'».

Los 253 firmantes de la carta apuntaron que quienes, desde la agrupación partidista en el Táchira, «transgredieron la disciplina» han alegado que «tenían autorización» para «traicionar los acuerdos de la plataforma unitaria».

Aseguran los renunciantes que a principios de 2022 llegó al Táchira una “comisión de acompañamiento”, para conocer el conflicto interno expuesto.

Jamás hubo una respuesta formal a las denuncias, ni siquiera para desecharlas y declarar su temeridad, falsedad o inconsistencia. Simplemente, silencio. Se anunció la intervención de la Dirección Regional. De los anuncios no pasó», dijeron.

Según estos dirigentes y militantes políticos, Voluntad Popular efectuó un»proceso de reestructuración» en ese estado andino, pero «se violaron descaradamente las normas del proceso».

Los firmantes de la carta alegaron que Voluntad Popular no pudo efectuar «legalmente» las asambleas municipales ni en el 30 por ciento de los municipios tachirenses.

En ese contexto de fraude se convocó una Asamblea Regional sin quorum y amañada y se implantó una dirección ilegítima», añadieron.

También afirmaron que fue designada una comisión que debía ir al Táchira a procesar las acusaciones. A juicio de ellos, sobraron las «excusas» para no ir ni resolver por ninguna vía.

Indicaron que hubo un peloteo en relación con las denuncias, y transcurrieron cuatro meses cuando llegó la comisión, que no pudo hacer nada porque «no tenía autoridad para tomar decisiones».

En la comunicación expusieron que presuntamente se utilizaron los casi 170 cupos del programa «Defensores de la Democracia» en el Táchira, «como mecanismo de chantaje y corrupción para sostener lealtades internas y personales».

Denuncian que el partido anaranjado «es una maquinaria que al margen de sus liderazgos es manejada por su ‘nómina’ de un equipo operativo tarifado que ha impuesto ese modelo hacia los estados y municipios. Es una nómina que suplanta la fidelidad a principios, valores, programas y utopías, a su adhesión al nuevo liderazgo de la caja Clap, traducida en una transferencia internacional tipo Airtm».

Expresan que «como nómina tarifada impide que se resuelvan los problemas de liderazgo con fórmulas democráticas y estatutarias».

Por otra parte, fuentes vinculadas a la oposición manejan presuntas renuncias masivas a Voluntad Popular en otras entidades del país, pero no especifican cuáles son esos estados ni cuántos.

Con información de Versión Final.