El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió este jueves provisionalmente el decreto por el cual el presidente colombiano, Gustavo Petro, asumía el control de la regulación de los servicios públicos en el país, mediante una «medida cautelar de urgencia» .
La decisión la tomó el alto tribunal al resolver una demanda presentada por dos ciudadanos quienes pedían anular el decreto al considerar que el documento fue expedido irregularmente toda vez que el jefe de Estado no podía asumir funciones que le son propias al Congreso.
En concordancia, el Consejo de Estado informó este jueves que decretó «la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023» por medio del cual «se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios».
Las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios, amparadas en la decisión judicial, seguirán ejerciendo todas las funciones que le fueron asignadas.
El pasado 26 de enero el presidente Petro anunció que iba a asumir «directa y personalmente» el control de las políticas de administración y control de los servicios públicos domiciliarios, una decisión que tomó «en función de los usuarios».
Igualmente explicó que esta decisión está fundamentada en el artículo 370 de la Constitución, que le permite al presidente «señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan».
Fuente: EFE