La ONG Un Mundo Sin Mordaza advirtió que durante el 2022 en Venezuela se profundizó la sistematización de la violación y el cercenamiento del derecho a la libertad de expresión.
Su informe anual titulado Libertad de Expresión en Venezuela denuncia que en 2022 registraron 209 violaciones a la libertad de expresión, 97 casos de persecución, amenazas y hostigamiento a civiles y trabajadores de la prensa, 11 detenciones y un asesinato, 11 bloqueos a páginas web y 89 ataques a medios de comunicación tradicionales.
La organización manifiesta que ante los casos que registraron, el Estado venezolano mostró poca voluntad para corregir las violaciones. En cambio, profundizó sus ataques hacia los medios de comunicación, trabajadores de la prensa y ciudadanos.
“En Venezuela el derecho a la libertad de expresión ha sido seriamente afectado por la falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de respeto y garantía”, expresa el informe presentado este martes. Este, a su vez, informa que el país descendió 11 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.
Por primera vez en la historia del país y en la región, se llevó a cabo una medición sobre la autocensura. Fenómeno que, según Un Mundo Sin Mordaza, ha venido en aumento en Venezuela por consecuencia de la poca libertad de expresión. La magnitud es tal que en el país 4 de cada 10 venezolanos se cohíbe de expresarse por temor a represalias gubernamentales.
El resultado del estudio denota que existe una especie de participación silenciosa en las protestas. Es decir, los ciudadanos procuran asistir, pero no con la idea de manifestar todas sus exigencias, ni publicar contenido en redes sociales, sino expresar su disconformidad hasta el punto en el que se sientan seguros.
Asimismo, Un Mundo Sin Mordaza denuncia que las sanciones desproporcionadas utilizadas como medidas ejemplarizantes y mediáticas por el Estado venezolano contra políticos, activistas, periodistas, miembros de ONG, sindicalistas, han contribuido a que se perciba de forma negativa el hecho de expresar una opinión.
Un Mundo Sin Mordaza descubrió como patrón sistemático el uso de la vía legal como mecanismo para coartar las libertades. Actualmente, en Venezuela existen 15 normativas que regulan directa o indirectamente el funcionamiento de los medios, comunicaciones, redes sociales y espacios web.
El informe denuncia que en el período de estudio contabilizaron 89 casos de censura, dirigidos hacia canales de TV y estaciones de radio. De estas últimas censuraron a más del 90% por medio de sanciones administrativas.
De igual manera, registra que en ese año se entregó forzosamente la sede de El Nacional -el único diario venezolano de libre información- a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Una medida de retaliación contra el dueño del periódico.
En 2022 se incluyeron 35 nuevos reglamentos y 35 nuevas decisiones administrativas, todos con su normativa regulatoria pertinente. «Esto se traduce en un desbalance en la seguridad jurídica y el Estado de Derecho; así como disminuye la capacidad de los venezolanos de hacer válidos sus derechos como ciudadanos, ya que aumenta el poder de control discrecional a la administración, dejando a los ciudadanos sin defensa alguna», señala la ONG.
Con información de El Nacional