Venezuela vive una crisis social y económica, y todo parece enfocarse en que su lucha contra la corrupción está perdida. Esto se comprobó a través de un informe anual que indica que el país caribeño es el peor en batallar para superar la corrupción.
El dato fue ofrecido por el informe del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y Control Risks, esto es una herramienta analítica que permite evaluar la capacidad de los países de la región para detectar, castigar y detener la corrupción.
Se considera que los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de enjuiciar y sancionar a los actores corruptos. La impunidad es más probable en los países ubicados en el extremo inferior de la clasificación.
La escala de puntuación va del 10, para el mejor conceptuado, al cero para el que menos capacidad tiene. En la región, Uruguay y Venezuela están en los extremos, como el mejor y peor, pero sin llegar a la puntuación máxima de cada caso.
«El deterioro en la capacidad de controlar la corrupción tiene implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas […] Socava la confianza en las instituciones, lo cual favorece propuestas populistas y polarizadoras”, y debilita la confianza de inversionistas, expresó Theodore Kahn, director asociado de Control Risks a la AP.
La capacidad de la gran mayoría de los países latinoamericanos para combatir la corrupción sigue en picada, Venezuela es el que más deterioro ha experimentado como reflejo del frágil estado de la democracia y la falta de voluntad política.
En Venezuela, que ocupa el último lugar de la región por quinto año consecutivo, el oficialismo controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y otras instituciones públicas, que responden a las directrices del gobierno de Nicolás Maduro.
La variable del índice que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó en el país un 18 % y la que evalúa la calidad de la prensa, un 15 %, un reflejo de las amenazas a la libertad de prensa y a las libertades civiles por parte del gobierno de Maduro, de acuerdo con el reporte.