MP: Hasta 10 años de cárcel pagará quien invada una casa a un adulto mayor
Luego de que la problemática de la vulneración del derecho a la vivienda contra personas de la tercera edad por parte de familiares y conocidos de las víctimas, principalmente, que comenzara a hacerse visible a través de las redes sociales, la Fiscalía General de la República se ha activado con mayor ahínco para dar respuesta a este sector vulnerable de la población. Mientras, la Defensoría del Pueblo por su parte continúa realizando labores de orientación, mediación y conciliación para contribuir, entre otras cosas, a que a los adultos mayores se les reestablezca este derecho humano, el derecho a la vivienda.
Maribel Azar, afectada por esta situación, y quien actúa en representación de su padre de 85 años de edad y propietario de un apartamento en Colinas de Bello Monte, declaró su caso a Últimas Noticias: “El inquilino no sólo dejó de pagar el alquiler durante 10 años, y el condominio también lo dejó de pagar hace un año, por lo que tuve que empezar a pagarlo yo, pero además se fue del inmueble, y subarrendó el apartamento a dos personas, a quienes les dije que tenemos que salir de esta situación, porque a quien le alquilé no aparece por ninguna parte, así que le dimos el derecho a compra a estas dos personas, pero ellos no tienen la posibilidad de adquirir el apartamento que está además muy deteriorado, pues, tiene filtraciones importantes. Este era el patrimonio de mi padre después de tantos años de trabajo y decidimos acudir a la Defensoría para ver si se puede llegar a un acuerdo que le permita a mi papá recuperar su apartamento”.
Otro de los casos es el de Demetrio Fernández, de 75 años de edad, quien también explicó su caso: “Vine a la Defensoría para que me ayude porque cedí a mi hija y mi yerno solo por unos meses una habitación del apartamento que me dio la Misión Vivienda, mientras ellos terminaban su casa que estaban construyendo, pero ahora ellos me tienen una guerra para que me vaya del apartamento, especialmente mi yerno, y además mi hija me dijo que ella del apartamento no se va a salir. Yo padezco de la tensión y todos los días ese señor se mete conmigo, hasta me ha amenazado”, subrayó el afectado.
El Estado responde: En este sentido, el Defensor Delegado de la Defensoría del Pueblo, con Competencia Nacional en Materia de Especial Atención de Vivienda y Habitah, Isaías Reverón, afirmó que a esa institución han llegado varios casos de personas de la tercera edad cuyo derecho a la vivienda ha sido vulnerado o de alguna manera se ve afectado, situaciones que la institución aborda de forma inmediata.
“Nuestra función es conciliadora, mediadora y orientadora, y quienes exponen sus denuncias ante la defensoría, dependiendo del caso, orientamos al peticionario en cuanto a lo que debería hacer para solucionar su problema. Ahora, si existiera un delito, como por ejemplo una invasión, lo remitimos a la fiscalía. En la mediación -agrego-, si la contraparte no se presenta en todas las oportunidades que se le cite, también el caso pudiera ser remitido a la fiscalía”.
El funcionario agregó que los casos del señor Fernández y de la señora Azar fueron atendidos por la Defensoría, y actualmente, siguen sus respectivos procesos para contribuir a que los mismos se solucionen a través de acuerdos entre las partes con la mediación de esta institución nacional en derechos humanos.
Asimismo destacó que la mayoría de los casos que se registran en Caracas sobre vulneración del derecho a la vivienda contra personas de la tercera edad, ocurren en las Parroquias Santa Rosalía, El Recreo, Altagracia y la Pastora.
Hasta 10 años de cárcel para invasores
El Defensor Reverón explicó algunos presupuestos para lograr determinar cuando estamos en presencia de un delito de invasión a una vivienda.
“Si alguien entra al inmueble arbitrariamente, forja puertas y ventanas y además no es propietaria del inmueble, probablemente un desconocido, eso es un delito de invasión que puede acarrear prisión de cinco a diez años, y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias, según el artículo 471 literal A del Código Orgánico Procesal Penal”, explicó
Asimismo, el abogado distinguió la diferencia entre un invasor y un ocupante, “el invasor infringe la ley, el ocupante habita un inmueble con el consentimiento del inquilino, ocupa de manera pacífica el inmueble, no entró de manera arbitraria, por tanto no es delito, aunque lo lógico es que una vez que el inquilino cuando abandone el inmueble se retire también el ocupante, debería entregarlo sin nadie más viviendo adentro”.
Finalmente dijo que la Defensoría del Pueblo forma parte de la estructura de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, y además, recomendó a los propietarios y arrendatarios que se inscriban en el registro de contratos y así cumplen con la ley.
Algunos tips de gran utilidad
1.-Si la vivienda de una persona es invadida, lo primero que tiene que hacer es acudir a Atención a la Víctima de la Fiscalía donde denunciará su situación.
2.- Si el ciudadano requiere de orientación en materia del derecho a la vivienda o requiere resolver algún problema de convivencia es recomendable que acuda a la Defensoría del Pueblo.
3.- Si requieres información sobre arrendamiento o inquilinato es aconsejable que vaya a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) ubicada en Avenida Principal de Las Mercedes cruce con Calle Orinoco.
4.-Quienes invadan se exponen a ser privados de libertad con penas de 5 a 10 años según el Código Orgánico Procesal Penal.
5.-La fiscalía habilitó el teléfono 0-800-372-33-23
para que los adultos mayores hagan las denuncias por vulneración de sus derechos.
Fiscalía muy activa para proteger a los abuelitos
En el programa de atención del Ministerio Público “Protege al Adulto Mayor” el fiscal General de la República Tarek William Saab, informó que ese organismo ha recibido este año mas de 500 denuncias sobre delitos contra personas de la tercera edad.
Detalló que de esas denuncias 70 se refieren a invasiones, 60 a perturbación a la posesión pacífica, y 35 a apropiación indebida.
Asimismo, se informó que entre las entidades del país con mayor incidencia de este tipo de delitos están el Área Metropolitana de Caracas, Lara, Carabobo, Zulia y Barinas.
Por último destacó que como parte del mencionado programa, desde la institución que lidera se habilitó el número de teléfono 0-800-3RA-EDAD (0800-372-3323) para recibir denuncias que involucren acciones contra los adultos mayores.
Asimismo, el fiscal instruyó a las Unidades de Atención a la Víctima del Ministerio Público para que atiendan con celeridad las denuncias de las personas de la tercera edad que se presenten en las distintas sedes del organismo.
El Estado de manera consecuente con su política de inclusión social, del respeto a los derechos humanos, se mantiene vigilante en la defensa de los garantías constitucionales de los adultos mayores.
Con información de El Regional del Zulia.