El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó a través de su Informe sobre la extorsión como delito, que de enero a abril de 2023 se han incrementado los casos de extorsión en los estados Zulia, Lara y Sucre, quedando en primer lugar la región zuliana por su alta tasa de atentados contra los personas que se dedican a diversas actividades económicas, lo que afecta la producción, reseñó El Diario.
La periodista del OVV, Mayber Márquez, indicó que este delito ha afectado a quienes se dedican al sector agropecuario, comercial, empresarial, industrial y de salud.
Diferentes factores económicos, desde los grandes hasta los más pequeños, viven en zozobra por las constantes amenazas e intimidaciones de grupos delictivos por grandes cantidades de dinero, especialmente expresadas en divisas”, aseguró Márquez en la presentación del Informe sobre la extorsión como delito en ascenso realizada el 16 de junio.
Entre enero y abril de 2023, la organización no gubernamental (ONG) contabilizó 13 casos de extorsiones en Zulia; mientras queen el año 2022 se registraron 26 casos de extorsiones, lo cual representó dos casos de extorsiones por mes. En 2021, hubo 55 casos que equivalieron al 8 % de los delitos en el estado.
“La extorsión en tierra zuliana se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de bandas y grupos del crimen organizado, después del narcotráfico”, apuntó el coordinador de OVV en Zulia, Jorge Govea.
Por otra parte, en el caso de Sucre, el OVV afirmó que las denuncias de las víctimas de este delito, así como la información oficial son escasas. Sin embargo, la extorsión se manifiesta de diferentes formas como el secuestro exprés, los robos y atracos a comercios y el cobro de vacunas.
La actividad limítrofe con el Mar Caribe y la cercanía de la costa del estado Sucre con Trinidad y Tobago, propicia distintas actividades ilícitas”, añadió.
En este sentido, el coordinador de OVV en Lara, Carlos Meléndez, denunció que en ese estado hay una participación de los cuerpos de seguridad en este delito. Entre ellos señaló como autores de los delitos a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La relación vigilado y vigilante que medía el vínculo de policía-sociedad se tergiversa por la pérdida de la autoridad. Los policías se convierten en sujetos a ser vigilados en un gobierno impune”, apuntó Meléndez.
Meléndez aseguró que los municipios más afectados son los agrícolas como Torres, Morán y Jiménez que deben contratar a los funcionarios para prevenir las consecuencias de la delincuencia en su vida.
Con información de Versión Final.
