«Es como si estuviera en el infierno», confiesa Oksana Pechteleva. La madre de Vera Pechteleva, de 23 años, de Kemerovo, brutalmente asesinada por su exnovio Vladislav Kanyus en enero de 2020, está traumatizada.
El agresor había infligido más de cien heridas a su hija. Los policías que se demoraron horas en llegar después de que los vecinos de Vera llamaran a comisaría fueron condenados a penas suspendidas. El agresor fue condenado a 17 años de prisión.
La familia quería una pena más alta y presentó una demanda de casación, pero nunca llegó al tribunal. Se dijo que no se podía localizar al preso. Más tarde, los familiares de Vera descubrieron fotos en las redes sociales en las que aparecía Vladislav Kanyus con uniforme militar y un arma. Sospechan que anda suelto y combatiendo en Ucrania.
«Siento miedo, dolor, incomprensión: es una auténtica pesadilla», dice Oksana Pechteleva. La psicóloga rusa Ekaterina Isupova subraya que los familiares de las víctimas suelen sufrir trastornos postraumáticos cuando lloran a un ser querido o cuando ellos mismos han sufrido amenazas de violencia física.
«La reacción incluye mucho miedo, impotencia y horror. Cuando los agresores van a la cárcel, las víctimas sienten cierto alivio y esperan que el horror termine. Pero cuando se enteran de que su agresor ha regresado y puede estar de nuevo entre gente, surge el miedo», dice Isupova.
Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, unos 50.000 prisioneros han sido reclutados en las cárceles para el Grupo Wagner de Yevgueni Prigozhin y otros 15.000 por el ministerio de Defensa. Así lo informa la directora de la fundación «Rusia Sentada», Olga Romanova, exiliada en Alemania.
«Probablemente son sobre todo delincuentes con penas de diez o más años los que fueron a la guerra», explica una abogada de Rusia que no desea dar su nombre. «No hay estadísticas, pero los que ya cumplieron cinco o seis años entre rejas tienen más probabilidades de salir en libertad condicional y es poco probable que arriesguen su vida», opina la experta.
En enero, el jefe de los mercenarios de Wagner, Yevgeny Prigozhin, se reunió con un grupo de prisioneros. Se les permitió volver a casa tras seis meses de servicio en Ucrania y se les eximió de todas sus condenas. Entre ellos había dos hombres condenados por asesinato.
Pero no todos los prisioneros vuelven vivos de la guerra. En noviembre de 2019, Eduard Yar, del pueblo de Karaul, en la región de Krasnoyarsk, fue condenado a ocho años de prisión por el asesinato de una mujer.
En noviembre de 2022, Jar se unió al Grupo Wagner. En febrero de 2023, murió cerca de la asediada ciudad ucraniana de Bajmut. Las autoridades de su pueblo natal escribieron entonces en una necrológica: «Salió a luchar contra los neonazis y se convirtió así en un auténtico héroe y un verdadero patriota para todos los habitantes de nuestra región.»
Pero los expresos no solo se encuentran en los ejércitos privados rusos. Desde el 1 de febrero, en Rusia los presos que aún no han cumplido su condena también pueden ser aceptados en el servicio contratado del ejército regular ruso.
Y, a finales de junio, el presidente ruso firmó la ley «Sobre las peculiaridades de la responsabilidad penal de las personas implicadas en la Operación Militar Especial». Así se denomina en Rusia la guerra contra Ucrania.
La ley trata del reclutamiento de personas que están bajo sospecha o acusadas y a las que se amenaza con encarcelar durante un máximo de cinco años.
Según la activista de derechos humanos Olga Romanova, así es como se moviliza para la guerra a las personas que se enfrentan a penas por delitos leves y medios. «Se detiene a una persona, se abre una causa penal, y después la persona acepta ir a la guerra, y entonces se abandona la causa penal».
Con información de DW – US LATM